El Ministerio de Economía propone en la Asamblea que beneficios del sector público se ajusten a recursos disponibles
El proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado se discutió en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Sánchez Aguirre, presentaron sus observaciones a la propuesta legislativa.
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Sánchez se centró en lo dispuesto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en relación con las competencias del Ministerio de Finanzas, e hizo dos planteamientos.
El primero, que los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas públicas, incluidos los compromisos económicos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales con sus trabajadores, deberán ajustarse a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias.
La segunda fue la emisión de un dictamen obligatorio y vinculante que demuestre la disponibilidad de recursos. El monto deberá ser suficiente para cubrir los incrementos salariales y demás beneficios económicos y sociales que impliquen egresos en el sector público, excepto aquellos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales.
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Planteamientos del proyecto ya constan en el Código del Trabajo
Para la ministra Núñez, los principios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad que se sugieren en el proyecto de ley resultan innecesarios, pues aseguró que ya se contemplan en el Código de Trabajo. Agregó que estos se han reforzado en varias reformas a dicha norma; la más significativa se refiere a la tutela de las mujeres y de los dirigentes sindicales frente al acoso laboral.
También señaló que los reglamentos actuales contemplan tres estándares: la lucha contra el acoso laboral; la desconexión digital; y la no discriminación para ingresar a los sectores público y privado.
En este último aspecto destacó que hay disposiciones claras, como la prohibición de exigir a una mujer un certificado de embarazo o estado de gestación; tampoco un certificado de portador del VIH.
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Sobre los dirigentes sindicales, la Ministra recordó que también se prohíbe discriminar a quienes hayan sido dirigentes sindicales, a fin de cumplir con la disposición constitucional de que todos tengan un empleo digno en el Ecuador.