Caso Triple A: ARCH considera que hubo comercialización ilegal de combustible subsidiado

El caso Triple A, que tendrá su primera audiencia de juicio dentro de siete días, en la tarde del 24 de diciembre previo a la Nochebuena, acusa a 22 personas naturales y jurídicas de haber comercializado ilegalmente combustibles, entre ellos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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Según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), así es como se cometía el presunto delito:

"El 10 % del subsidiado del segmento automotriz (en el diésel) lo utilizan para el segmento industrial. Es decir, se estaban beneficiando de ese subsidio que el Estado está brindando a la ciudadanía para el parque automotor y lo vendían en el segmento industrial, ganándose un diferencial de más de USD 1", aseguró Christian Puente, director ejecutivo encargado de la ARCH.

La defensa de Aquiles Álvarez sostiene que la acusación no tiene fundamentos y que se lo trata de responsabilizar de algo que él no ha cometido.

"Este caso es tan tirado de los cabellos que se está tratando de responsabilizar al señor Aquiles Álvarez en su calidad de entonces representante legal de la comercializadora por el combustible que eventualmente alguna de las 24 estaciones de servicio que eran clientes de esa comercializadora hubieran realizado a consumidor final", manifestó el abogado Ramiro García.

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Pero según los acusadores, la responsabilidad de los comercializadores no consiste únicamente en intermediar la compra de combustible con Petroecuador.

"La ley busca una persona que efectúe un control activo. Es la responsabilidad de la comercializadora vigilar qué es lo que sucede en cada una de sus estaciones de servicio", dijo el representante de la ARCH.

El abogado de Álvarez que ellos no tienen nada que ver en lo que esas estaciones de servicio hacían con el combustible. No niegan las irregularidades, lo que dicen es que no tienen nada que ver en eso.

"Lo que se está tratando de hacer es trasladar la responsabilidad de la estación de servicio, que tiene que responder a quién vendió, cuánto vendió, en qué condiciones vendió al representante legal de la comercializadora que se encontraba en Guayaquil y que no tiene absolutamente nada que ver", sostuvo García.

El Gobierno ha señalado que la comercialización ilícita de combustibles no es el único delito detectado en las investigaciones, pero que eso será motivo de otros procesos legales.

Las cuestiones políticas del caso Triple A

El caso Triple A es un caso sobre el que distintos funcionarios de Gobierno se han pronunciado, hasta el presidente de la República.

"Combatimos a los traficantes de combustible, que hoy en día se esconden detrás de una cortina política diciendo que es persecución. Nosotros no perseguimos a personas, perseguimos a delitos", manifestó recientemente Daniel Noboa.

Pero Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, tiene la teoría de que todo se trata de una persecución política, que el Gobierno quiere tapar con este caso sus propios escándalos.

"Y no me va a decir a mí que no hay una orden dada al juez que adelantó la audiencia. ¿Cuál es la necesidad de adelantarla del 21 de enero al 24 de diciembre? Verme ahí en Navidad pues, ya voy a comer pavo con el juez", comentó Álvarez en su enlace radial de este miércoles.

Lo cierto es que el caso no solo se discute en los tribunales y mientras el Gobierno insiste en que solo están luchando contra la corrupción y sus perpetradores, Aquiles Álvarez sostiene que esto ya es personal, que la actitud del régimen hacia el Municipio que dirige lo demuestra.