La violencia e inseguridad impulsan el desplazamiento forzado de miles de familias en Ecuador
El avance de la violencia y la criminalidad en Ecuador ha provocado un fenómeno silencioso pero cada vez más visible: el desplazamiento forzado interno de familias que huyen por miedo a la inseguridad. De acuerdo con datos recientes, el 5,6 % de las familias ecuatorianas tiene al menos un miembro que se ha visto obligado a abandonar su lugar de residencia debido a amenazas, extorsiones o hechos violentos.
Este fenómeno, tradicionalmente asociado a conflictos armados en otros países de la región, se ha convertido en una consecuencia directa del deterioro de la seguridad ciudadana en varias provincias del país.
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Entre 2022 y 2024, alrededor de 316 000 personas, distribuidas en más de 156 600 hogares, se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia para proteger su vida y la de sus familias, según un informe de la Defensoría del Pueblo elaborado con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) .
El estudio establece por primera vez una línea de base nacional sobre el impacto de la violencia en la movilidad interna, en un contexto marcado por el crecimiento del crimen organizado, el aumento de los homicidios y la expansión de las extorsiones en varias provincias del país.
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Ecuador atraviesa uno de los períodos más violentos de su historia reciente. Las tasas de homicidios pasaron de 13,7 por cada 100 000 habitantes en 2021 a 47 en 2023, el año más violento registrado. Aunque en 2024 hubo una leve reducción, los datos del primer cuatrimestre de 2025 muestran un nuevo repunte de la violencia, incluso por encima de los niveles de 2023.
A este escenario se suma el incremento sostenido de las extorsiones, que pasaron de 3 647 casos en 2022 a más de 12 200 en 2024. Estos delitos, junto con asesinatos, secuestros y amenazas, han impactado directamente en la vida cotidiana de miles de familias, obligándolas a huir de sus hogares como mecanismo de autoprotección.
Violencia directa, la principal causa
De acuerdo con el informe, el 46 % de los desplazamientos internos fue motivado por robos violentos, secuestros o asesinatos, mientras que un 15 % respondió a amenazas directas de grupos criminales. La extorsión aparece como una práctica sistemática de control territorial, que afecta no solo a negocios y viviendas, sino también a centros educativos, considerados tradicionalmente espacios seguros.
Un dato que preocupa a las autoridades es que el 38 % de las personas desplazadas prefirió no declarar las causas de su salida, lo que sugiere miedo a represalias y un posible subregistro del fenómeno.
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Las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha concentran los mayores niveles de violencia y desplazamiento. Guayas, Pichincha y Manabí registran los principales flujos de salida y recepción de población.
“Las casas, los espacios que utilizan las familias son cooptados por las bandas criminales para el expendio de drogas para hacerlo ahora de bodegaje de armas de fuego y otro tipo de ilícitos”, explica Daniel Pontón, decano Escuela Seguridad IAEN
A escala cantonal, territorios como Esmeraldas, Quevedo, Lago Agrio y Pedernales presentan características claras de expulsión debido a la combinación de altos índices delictivos y condiciones socioeconómicas precarias. En contraste, ciudades como Quito destacan como zonas receptoras por su mayor oferta de empleo y servicios.
Mujeres, niños y familias en mayor riesgo
El informe evidencia que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El 76 % de los hogares desplazados tiene menores de edad, y muchas familias huyeron tras amenazas de reclutamiento forzado o violencia directa en sus barrios.
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Además, más de la mitad de las personas desplazadas no logró acceder a un empleo durante los primeros meses tras su llegada a las comunidades de acogida, lo que profundiza su vulnerabilidad y limita su proceso de integración. A esto se suma la falta de acceso a ayudas sociales: el 88 % de los hogares no recibe apoyo estatal.
El estudio también identifica un fenómeno menos visible: el confinamiento forzado. Muchas personas no se desplazan pese a vivir en contextos violentos debido a la falta de recursos económicos, vivienda alternativa o redes de apoyo. El 43 % de quienes no se movilizaron señaló no tener dinero para hacerlo y el 35 % aseguró no tener a dónde ir.
“Obviamente puede generar problemas porque es una migración que no está contemplada dentro de lo que es la planificación urbana. Entonces empieza a haber más gente que empieza a generar asentamientos en lugares circulares, por ejemplo”, añade Daniel Pontón, decano Escuela Seguridad IAEN
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Esta situación expone a miles de familias a permanecer en zonas controladas por grupos criminales, lo que incrementa los riesgos de victimización y violencia.
Falta de registros y respuesta institucional
La Defensoría del Pueblo advierte que Ecuador no cuenta con un sistema integral para registrar, atender y proteger a las víctimas del desplazamiento interno forzado. Si bien el Estado ha adoptado medidas de seguridad, el informe subraya la necesidad de una respuesta multisectorial, con políticas públicas diferenciadas, enfoque de género, protección prioritaria de la niñez y coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos locales y la cooperación internacional.
El organismo sostiene que el desplazamiento interno forzado ya no es un hecho aislado, sino una señal de alerta temprana sobre el impacto social de la violencia, que requiere atención urgente para evitar que más personas se vean obligadas a abandonar sus hogares para salvar su vida.