Cinco temas clave siguen pendientes en la Judicatura encabezada por Mario Godoy

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acumula al menos cinco temas prioritarios estancados en el organismo. Lleva un año y cinco meses de gestión y, en sus primeras semanas al frente de la institución, anuló el concurso de magistrados para la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La nueva administración del Consejo de la Judicatura, encabezada por Godoy, cumplió tres meses sin mayores avances en los procesos de designación y evaluación de los principales actores de la Función Judicial. Entre los principales pendientes consta la designación de 11 jueces de la CNJ, un concurso que ha sido anulado en dos ocasiones. La última ocurrió en noviembre de 2024, ya bajo la actual administración.

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Aunque se dispuso que en un plazo de tres meses debía emitirse un nuevo reglamento para retomar el proceso —y pese a que existen varias propuestas—, hasta ahora el concurso sigue en espera.

Para la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, esta inoperancia se explica por el intento de declarar la emergencia judicial a través de la Ley de Integridad Pública, iniciativa que finalmente fue frenada por la Corte Constitucional (CC).

"El bloqueo que Mario Godoy ejerció para impedir que se haga el concurso de jueces nacionales estaba orientado a eso, a hacer designaciones a dedo", afirmó Goyes.

La exvocal también cuestionó la situación del concurso para conformar un banco de elegibles destinado a llenar 350 vacantes de la carrera judicial, un proceso que fue suspendido hace un año y que tampoco tiene fecha para su reactivación.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advirtió que mientras no se designen jueces principales, los procesos judiciales tienden a dilatarse en el tiempo.

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A estos retrasos se suma la ausencia de evaluaciones a notarios, fiscales, defensores públicos y jueces, un proceso que no se realiza desde hace varios años. Además, persiste la falta de integración de las unidades especializadas en materia constitucional, una disposición que debía cumplirse hasta mayo de este año en atención al mandato ciudadano expresado en la consulta popular del 21 de abril de 2024.

Si bien la creación de estas unidades fue anunciada en octubre y los perfiles de los magistrados se aprobaron en noviembre, hasta el momento no están operativas.