China y EE. UU. acuerdan una nueva tregua arancelaria con fricciones comerciales aún por resolver
China y Estados Unidos acordaron prorrogar otros 90 días la tregua arancelaria tras las negociaciones que mantuvieron los equipos negociadores de ambas potencias en Ginebra, Londres y Estocolmo durante los últimos meses.
Estos son los principales desafíos para que las dos potencias lleguen a un acuerdo sobre los aranceles, que con la nueva pausa quedan en el 30 % por parte de Estados Unidos a los bienes chinos -de ellos, 20 % a cuenta del fentanilo- y del 10 % por la de China a los estadounidenses.
No obstante, EE. UU. impuso antes del envite actual gravámenes a ciertos productos chinos que todavía siguen vigentes, como el del 100 % a los vehículos eléctricos o el del 50 % a los paneles solares.
El desequilibrio comercial
El presidente estadounidense, Donald Trump, y varios miembros de su administración han reiterado que China debe aumentar de forma significativa la compra de productos de su país para reducir el enorme déficit comercial bilateral, que en 2024 ascendió a USD 295 400 millones en favor del gigante asiático.
Aunque Pekín ha prometido en varias ocasiones que está dispuesto a abrir más su vasto mercado a los bienes del país norteamericano, también ha incidido en que su demanda interna, debilitada desde la pandemia con una economía tocada por la crisis inmobiliaria, no puede "ajustarse desde el exterior".
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Trump instó el domingo a China a que cuadruplique sus compras de soja al país norteamericano, algo que algunos analistas interpretaron como una condición para extender la tregua.
Sobrecapacidad y subsidios
EE.UU. acusa a China de sobrecapacidad y de competencia desleal por los "subsidios masivos" que otorga a industrias como las de los vehículos eléctricos o energías renovables, mientras que Pekín tilda a Washington de "proteccionista" por tomar medidas punitivas utilizando "pretextos" como el de la seguridad nacional.
Washington también denuncia que China inunda los mercados con productos "artificialmente baratos" por la excesiva inversión de sus empresas, problema agravado por el apoyo gubernamental a sectores industriales específicos.
China responde a estas críticas, fuente de litigios en la Organización Mundial del Comercio (OMC), asegurando que EE. UU. debe abordar la cuestión de su capacidad productiva "desde una perspectiva global y orientada al mercado", y ha pedido a Washington que no politice las cuestiones comerciales.
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También ha advertido de que las subidas arancelarias repercutirán en aumentos de precios de los bienes chinos en Estados Unidos, pero también en terceros mercados dependientes de componentes o materias primas provenientes de estas dos economías.
La supremacía tecnológica
EE.UU. llegó a imponer aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que Pekín elevó al 125 % los suyos sobre los estadounidenses, un embargo comercial 'de facto' entre las dos potencias que llegó a amenazar con convulsionar las cadenas de suministro y los mercados.
Tras una primera reunión en Ginebra en mayo, que se saldó con una primera pausa arancelaria, y una llamada entre Trump y su homólogo, Xi Jinping, ambos países dieron pasos para aliviar tensiones y crearon un mecanismo de consulta comercial.
China, que controla cerca del 70 % de la producción mundial de las tierras raras, esenciales para sectores como la automoción, la electrónica y la defensa, prometió en Londres agilizar las licencias para su exportación a EE. UU., que levantó algunos controles a la exportación de chips que Pekín todavía necesita.
Sin embargo, persisten preocupaciones estadounidenses sobre el espionaje industrial, el robo de propiedad intelectual y la seguridad de infraestructuras críticas, que dificultan un acuerdo más amplio.
Trump ha hecho del combate al fentanilo una de sus grandes banderas e impuso aranceles del 20 % a China por sus "políticas laxas" respecto al tráfico de esta droga y sus precursores.
China ha reiterado que la crisis del fentanilo en EE.UU. es "responsabilidad" de ese país, destacando que los gravámenes impuestos supusieron un revés para el diálogo y la cooperación sobre narcóticos.