Ecuador: nueve provincias en segunda fase de guerra tienen más de 5 380 asesinatos

Concentrar esfuerzos militares y policiales, eliminar cabecillas y destruir las economías criminales, son algunas de las directrices en una nueva fase de guerra contra el narcotráfico. La medida fue anunciada el pasado 10 de septiembre de 2025 por el Alto Mando Militar en redes sociales.

Son nueve provincias declaradas como críticas. Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago. Acumulan más de 5 380 muertes violentas entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2025, según datos de la Policía Nacional.

Siendo Guayas la de mayor número con 2 960 asesinatos. Le siguen Manabí, El Oro y Los Ríos. (Ver cuadro) En esos puntos se ha identificado la pugna entre organizaciones delictivas por el control del territorio para el narcotráfico, extorsiones y otros delitos.

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En esas provincias también se han reportado matanzas. Como las ocurridas en Manabí, donde incluso juradores de un equipo de fútbol resultaron afectados. En Guayas han ocurrido tres graves: la de un billar en Playas, el ataque en un bar de El Empalme y en Santa Lucía.

Mientras que del lado de la Amazonía, la pugna entre los grupos criminales está por el control de zonas para la minería ilegal, tráfico de combustible.

Otros de los delitos que han afectado a las nueve provincias catalogadas como críticas, es la extorsión. Las organizaciones delictivas han empleado explosivos o balaceras contra locales comerciales para exigir pagos a los dueños. También los han secuestrado para así hacer que las familias paguen altas sumas de dinero.

Según los datos de la Fiscalía, hasta julio de 2025 se contabilizaron 3 097 denuncias por extorsión en Guayas. En El Oro se reportaron 1 082 mientras que en Manabí 600. Aunque aparentemente los casos han sido más visibles, según las cifras, el delito o al menos las denuncias, han disminuido. (Ver cuadro)

En cuanto a los secuestros, las nueve provincias acumulan 870 denuncias ante la Fiscalía entre enero y julio de 2025. Una cifra similar se reporta de denuncias por secuestro extorsivo: 876. Las dos únicas provincias donde no se ha notificado son Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En otros delitos como robos, las provincias críticas reportan en total 33 082 denuncias. La Fiscalía tiene esa cifra correspondiente a enero y julio de 2025.

Mientras que por actividades de minería ilegal, la entidad contabiliza 163 denuncias. Excepto en las provincias de Manabí y Los Ríos. La cifra más alta recae en Zamora Chinchipe, con 110 denuncias.

Pero ¿qué más implica esta denominada fase de guerra? El ministro del Interior John Reimberg sostuvo que por el lado de la Policía, se ha catalogado los grupos delictivos entre criminales y de personas. Además de identificar los objetivos o blancos para atacarlos.

Según Reimberg, se busca destruir las economías criminales y actividades que generen ingresos ilícitos para las bandas. Indicó que eso se hizo con Los Choneros en el denominado Blanqueo Fito, donde se procesó a los clanes familiares de Fito que lavaban activos.

Lo mismo con una estructura de Los Lobos a la cual se la perjudicó con USD 70 millones. Y la más reciente, Comandos de la Frontera, cuyos 103 bienes inmuebles fueron incautados y se detectó un esquema para el lavado de más de USD 300 millones en 10 años.

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Reimberg agregó que los operativos cotidianos que se realizan no van a parar. "La Policía y Fuerzas Armadas siguen trabajando en los diferentes operativos en las provincias, con importantes resultados", expresó.

Por su lado, las Fuerzas Armadas el día del anuncio de la medida. puntualizó que la fase de guerra contempla una ofensiva para destruir recursos de la minería ilegal y neutralizar actividades de contrabando.

A eso se suma el control penitenciario, la cero tolerancia a la corrupción y la depuración institucional. Justamente el 6 de septiembre de 2025, 16 uniformados fueron detenidos por formar parte de una red de contrabando y robo de combustible.

Los procesados supuestamente filtraban información sobre los operativos y controles en la frontera. Un juez les dictó prisión preventiva.

Días después, el 9 de septiembre, cuatro militares fueron detenidos como sospechosos de tráfico de drogas en Guayaquil. Se los capturó tras el decomiso de más de 400 bloques de cocaína en uno de los puertos.

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