Caso Euro 2024: Así fue la red empresarial de un serbio para lavar dinero en Ecuador

Traductores de serbio, croata, eslovaco, inglés y alemán serán parte de la audiencia de juicio contra Jezdimir S., un serbio acusado de lavado de activos en Ecuador. El extranjero fue detenido en noviembre de 2024 tras allanamientos simultáneos en Guayas.

La Fiscalía General del Estado lo señaló de encabezar una estructura criminal que ingresó al sistema financiero nacional millones de dólares producto del narcotráfico. En el denominado caso EURO 2024, se procesó al serbio, a su pareja de origen dominicano, en calidad de autores, mientras que a dos ecuatorianos como coautores del delito.

Así mismo, se investigó a tres compañías creadas por la red en Ecuador desde 2018. Supuestamente, la organización habría lavado USD 4.3 millones en Ecuador.

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La audiencia de juicio se instalará en octubre de 2025, es decir casi al año de detención del serbio. La diligencia está previsto que dure al menos dos semanas.

Ecuavisa.com revisó el acta de audiencia de llamamiento a juicio, donde la Fiscalía expuso su hipótesis de los hechos. En el documento se revela que Jezdimir llegó por primera vez al Ecuador en 2013.

Un año después, fue investigado por tráfico de drogas. Posteriormente, fue capturado y sentenciado a 17 años de prisión. Pero el extranjero tuvo una rebaja de pena tras una acción de garantías penitenciarias y en cuatro años salió de la cárcel.

Así operaba la red empresarial del serbio para lavar dinero en Ecuador

Luego de pasar cuatro años en prisión, donde conoció a la abogada dominicana Alexandra F., Jezdimir supuestamente creó la primera empresa en Ecuador en 2019.

Un año antes, la pareja viajó a Serbia y en 2021 se registró su ingreso al Ecuador desde España, según los informes migratorios solicitados por los investigadores. Jezdimir hizo otros viajes a España antes de ser detenido, en 2013 y 2014.

El extranjero tiene además tres notificaciones rojas de la Interpol en su contra. Una fue emitida en su país por el delito de tráfico de drogas. La segunda es de Croacia por falsificación de documentos y la tercera es de Austria por tentativa de asesinato.

El expediente judicial revela que para abrir cuentas bancarias y crear las compañías, Jezdimir presentó certificados de no tener antecedentes penales, pese a que cumplió cuatro años de cárcel. Las autoridades lo señalaron como parte de un clan internacional de narcotráfico.

De hecho, el dinero que habría usado para crear las empresas sería proveniente de esa actividad. Entre las pruebas, con ayuda de Alemania, se investigaron más de 10 000 de chats de 2020 y 2021. En las conversaciones, supuestamente el serbio hablaba sobre envío de droga. Se presume que envió al menos nueve toneladas de cocaína a Europa en 20 contenedores.

El peso de la sustancia ilícita, de acuerdo al cálculo de USD 71 000 por kilo, equivaldría a USD 639 millones. Como parte de las investigaciones, se interceptaron tres contenedores con un total de 1,3 toneladas de droga.

Los bloques de cocaína se ocultaban entre latas de atún, banano, calamares, entre otros productos. El cargamento ilícito fue detectado en Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania.

En 2020, la empresa creada por Jezdimir y su pareja, Alexandra F., empezó a recibir transferencias por USD 1 millón 700 mil desde Alemania. El dinero se invirtió supuestamente en la adquisición de terrenos, maquinaria y en la construcción de una camaronera en la parroquia El Morro, en Guayaquil.

El dinero proveniente de Alemania era parte de una supuesta inversión de una empresa que también es investigada en ese país. De acuerdo al expediente, la compañía alemana estaba relacionado con el sector automotor y no tenía experiencia en el sector camaronero.

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En 2020, la pareja del serbio compró acciones de una camaronera e implementaron la misma. La empresa tuvo algunos clientes, pero según las investigaciones, los montos no correspondían para la compra de bienes, propiedades y vehículos en efectivo.

Posteriormente, Jezdimir adquirió el 50 % de acciones de una compañía de seguridad privada. Entre los documentos recopilados en los allanamientos, hallaron papeles del Ministerio de Gobierno, como ente encargado de regular las empresas de seguridad.

La pareja del serbio constituyó una compañía de alquiler de maquinaria. Pero de acuerdo a las investigaciones, no se detectó actividades ilícitas. Dichos movimientos fueron entre 2018 y 2023, tiempo en el que se vendió acciones a las otras dos personas procesadas en el caso, que fungían como gerentes, administradores o presidentes de las entidades.

Así mismo, una de las personas que compró acciones de una de las compañías, las vendió nuevamente a Alexandra F. De acuerdo al expediente, la primera empresa creada por la pareja compró un terreno en 2020 por USD 290 000 en efectivo.

Ese mismo año adquirió un lote de 20 hectáreas en El Morro por USD 35 000, además de otros dos terrenos a una compañía por USD 293 000 en esa misma zona. Una de las propiedades supuestamente nunca fue pagada.

El expediente reveló además que la compañía de seguridad creada por el serbio, brindaba el servicio a la camaronera, de la cual tenía acciones él y su pareja.

Con la empresa de seguridad, se depositaron más de USD 920 000 a favor de la entidad. Según Fiscalía, sirvió para incorporar el dinero de origen ilícito.

La red de lavado de activos -mediante las tres empresas creadas y las acciones compradas de otra más- adquirió también oficinas en zonas exclusivas como Samborondón, Isla Mocolí, la Aurora en Daule, y en Guayaquil. También vehículos, uno de ellos de alta gama y blindado.

La empresa de seguridad tenía supuestamente permisos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el porte de armas de fuego.

Como parte de las medidas, el juez dispuso que se mantenga la prisión preventiva contra Jezdimir. Él tiene cédula de Serbia, además de documentos de nacionalidad Bosnia y de Estados Unidos supuestamente.

Su pareja y las otras dos personas procesadas como coautoras, tienen medidas alternativas como la prohibición de salida del país. Se dispuso además la prohibición de enajenar bienes y traspasar las propiedades a nombres de terceros, además de la inmovilización de las cuentas bancarias.

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