La Fiscalía llama este caso reconstrucción de Manabí por el desvío de USD 367 millones que no fueron usados con prioridad en la reparación de los cantones Manta, Portoviejo y Pedernales afectados por el terremoto de abril de 2016.
La denuncia nació del entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus miembros alertaron a la Fiscalía que el ex vicepresidente Jorge Glas y el ex secretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal, direccionaron esos recursos a obras que no eran prioritarias ni inmediatas y que beneficiaron a contratistas, fiscalizadores familiares y amigos del correísmo.
En este caso también fue investigado el ex ministro de obras Públicas, Walter Solis, refugiado en México y sobreseído hace poco. Glas y Bernal son considerados por Fiscalía autores directos de peculado, un delito que el COIP sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión.
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El comité de reconstrucción manejó USD 3 000 millones que se recaudaron por la subida del IVA del 12 al 14 %, la donación de un día de sueldo de los ecuatorianos que ganaban más de USD 1 000 y el cobro del 3 % de las utilidades de las empresas y el 0.9 % a patrimonios que superaban el USD 1 millón.
Esos recursos no fueron usados en la reconstrucción inmediata, según la Fiscalía y Contraloría que años después ha detectado irregularidades en ocho auditorias practicadas al Comité de reconstrucción de Manabí.