El SNAI limita la información de las masacres en las cárceles de Ecuador

En medio de la crisis de violencia en las cárceles del país, la institución que las administra guarda silencio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) se limita a transparentar la información de lo que ocurre en los centros penitenciarios. El exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, cuestiona la política de intervención militar y policial.

Las masacres que ocurrieron esta semana en las cárceles de Machala y Esmeraldas dejaron 32 muertos, hechos que ponen en duda la afirmación gubernamental de que las prisiones están controladas.

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"¿Cómo podemos pensar que puede haber una muy buena seguridad y rehabilitación si son predios que no están acondicionados para ser cárceles? En dos años, fuera de poner policías y militares, no hemos hecho nada más por el sistema", dijo Bravo.

Él fue secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Guillermo Lasso, periodo en el que tampoco se logró un control real en las prisiones.

El SNAI está a cargo de las cárceles, pero se caracteriza por guardar un silencio hermético sobre la crisis del sector. Incluso cuando ocurren amotinamientos, crímenes o ingresan armas, drogas y otros objetos prohibidos, la entidad limita la transparencia de la información proveniente de las 35 cárceles que administra.

Por ejemplo, luego de los dos últimos motines, ninguna autoridad ha explicado públicamente lo que sucedió, a pesar de que ambos ataques se realizaron con la misma estrategia criminal: engañar a los agentes penitenciarios para ingresar a otras celdas.

"Si tenemos seis o siete directores del sistema penitenciario en menos de cuatro o cinco años, quiere decir que no funciona", cuestionó Bravo.

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El exfuncionario también criticó la deficiencia del SNAI, que junto con el ECU 911 fue absorbido por el Ministerio del Interior. "En las reformas de marzo de 2023 a algunas leyes se había determinado que el director del SNAI sea parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, para exponer al presidente, a la legislatura y al sistema judicial qué es lo que sucede y qué apoyo necesita”, añadió.

En medio de esta crisis, la realidad no cambia: los reclusos siguen desarrollando su poder armado al interior de los centros penitenciarios.