El ministro del Interior acepta diálogo con Judicatura y Fiscalía ante repunte criminal

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este lunes 9 de junio su participación en la mesa de seguridad convocada por el Consejo de la Judicatura. La iniciativa busca articular acciones frente al auge de violencia e inseguridad que afecta al país, especialmente en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, donde los delitos han registrado un alarmante incremento.

"Consejo de la Judicatura, ahí estaremos", escribió Reimberg en su cuenta en X. En un comunicado, el Ministerio del Interior aclaró que su presencia en la convocatoria tiene como objetivo evitar que el trabajo de la Policía Nacional se vea afectado "cada vez que un juez o fiscal permite que los delincuentes queden libres bajo medidas ineficientes e inaceptables".

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La invitación fue realizada el domingo 8 de junio por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien también convocó a la Fiscalía General del Estado (FGE). Según indicó, el objetivo es “fortalecer la cooperación interinstitucional y unir esfuerzos en la lucha conjunta por la seguridad y la justicia”.

La propuesta surgió tras un cruce de acusaciones entre la FGE y la Judicatura, luego de la liberación de dos implicados en el secuestro de una ciudadana china cuyo cadáver fue hallado el viernes 6 de junio en una cisterna del noroeste de Guayaquil. En el mismo sitio fueron encontrados también los cuerpos de tres hombres, secuestrados entre el 29 de mayo y el 5 de junio.

Aunque la FGE solo pidió prisión preventiva para uno de los detenidos, el juez del caso decidió otorgar medidas alternativas para ambos, lo que generó duras críticas desde la ciudadanía, el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, Víctor Hugo Ordóñez. Ambos funcionarios cuestionaron que decisiones judiciales de este tipo obstaculicen el combate contra la delincuencia organizada.

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Guayaquil, la ciudad más poblada del país, enfrenta una crisis de seguridad marcada por asesinatos, robos, secuestros y extorsiones. El Gobierno espera que el diálogo entre instituciones permita corregir fallas del sistema y fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen.