Estas son las penas por terrorismo en Ecuador

Más de 20 mil personas son parte de grupos terroristas en Ecuador, según señaló el presidente Daniel Noboa este miércoles, 10 de enero de 2024, un día después de que el país vivió una convulsión social por ataques a unidades policiales, médicas, quema de vehículos particulares, gasolineras, explosiones en puentes peatonales y la toma del canal TC Televisión.

Noboa aseguró que los integrantes de las agrupaciones terroristas serán contrarrestados y juzgados por estos delitos, que implican condenas mayores a las que se dictan contra la delincuencia común.

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"A ellos no se les había puesto una determinación, ellos querían que se les denomine como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil" evadir el peso de la ley "y ahora son objetivos militares", resaltó el mandatario.

Noboa dijo que no solo se puede combatir a los grupos terroristas y narcodelincuentes solo con balas, "consideraremos a jueces y fiscales que apoyen a estos grupos como parte del terrorismo, a ver si siguen dictando fallos absurdos".

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Lo mismo sucederá con miembros de la fuerza pública y personal penitenciario que obstruyan los operativos contra el terrorismo.

El incremento de la pena por el delito de terrorismo en Ecuador entró en vigencia el 30 de abril de 2023. Hasta entonces, se castigaba con condenas de 10 a 13 años de cárcel, pero a partir de ese día se dispuso sentencias míminas de 16 años y máximas de 26 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.

El artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el delito de terrorismo se configura cuando una persona o una asociación armada “provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas”.

También se considera terrorismo cuando se destruye, por cualquier medio, edificaciones públicas, privadas, plataformas fijas marinas, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima.

Además, se configura este ilícito cuando una persona coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosiva contra un lugar de uso público o privado, una instalación de Gobierno o una red de transporte público, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas.

Si la colocación y detonación de un artefacto o sustancia explosiva llega a causar la muerte de una o más personas, la condena no puede ser menor al rango de 22 a 26 años de cárcel.