El Estado busca quedarse con bienes y dinero del crimen organizado en un plazo máximo de 90 días

El Gobierno Nacional busca acelerar el proceso de decomiso de dinero y bienes vinculados a estructuras criminales organizadas. La propuesta apunta a que, en un plazo máximo de 90 días tras los allanamientos, el Estado pueda quedarse con esos activos, evitando que permanezcan durante años en procesos judiciales. Actualmente, millones de dólares relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos siguen en litigio.

La intención es que el Estado asuma rápidamente la posesión de dinero, autos, avionetas, casas, mansiones y otros bienes utilizados por grupos delictivos. Aunque ya existe legislación que permite su incautación, los procesos suelen extenderse durante años debido a la necesidad de una resolución judicial. Con la reforma legal propuesta, se busca reducir esa espera a tres meses.

Lea también: Ley de Solidaridad | Las sanciones al crimen organizado y el regreso de la tabla de consumo de drogas

El proyecto, que aguarda la ratificación o el veto del Ejecutivo, plantea que la fuerza pública mantenga el control de los bienes y el dinero incautado tras los operativos. En un plazo de 15 días, deberán entregarlos a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instituciones responsables de su administración. Ellos tendrán 90 días para determinar la propiedad y el destino final de los activos.

En el caso de los bienes físicos, Inmobiliar deberá publicar durante tres meses un listado de lo incautado. Si en ese periodo no hay reclamos legítimos, los bienes pasarán automáticamente a manos del Estado. Se contempla la posibilidad de que algunos vehículos hayan sido robados previamente y utilizados por organizaciones delictivas; en esos casos, los propietarios podrán presentar documentos y recuperarlos.

La administración del dinero en efectivo incautado ya no estará a cargo de Inmobiliar, como sucede actualmente, sino que pasará al MEF. El objetivo es lograr mayor agilidad y eficiencia en la gestión de estos recursos, y evitar que grandes cantidades de dinero permanezcan inmovilizadas por años sin beneficiar al Estado ni a las víctimas.

Entre 2016 y 2024, el Estado ha incautado USD 116,3 millones relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos. De ese total, apenas 392 000 dólares han pasado oficialmente al Estado, mientras que 8,5 millones fueron devueltos a sus propietarios tras decisiones judiciales. El resto sigue en disputa.

Revise además: Un hombre tenía USD 6 000 en el auto y lo procesan por lavado de activos en Guayaquil

Con la reforma, el Estado también podrá apropiarse de activos virtuales, ganancias generadas por el capital incautado y cualquier rédito vinculado directa o indirectamente con miembros de grupos delictivos.