Las penas en Ecuador por violencia intrafamiliar están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas dependen del grado de agresión que sufra la víctima.
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Foto referencial a violencia intrafamiliar en Ecuador. ( )
En Ecuador, la violencia intrafamiliar que incluye agresiones físicas, sexuales y psicológicas contra mujeres o miembros del núcleo familiar, está claramente tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aunque la legislación contempla sanciones específicas, la aplicación de estas normas enfrenta obstáculos importantes en la práctica judicial del país.
El COIP establece que la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar puede ser sancionada como contravención o como delito, dependiendo de la gravedad del caso. Cuando se trata de agresiones leves como empujones o golpes que no causen más de tres días de incapacidad, se considera una contravención, con penas de entre 7 y 30 días de prisión. En estos casos también pueden imponerse medidas complementarias como trabajo comunitario, tratamiento psicológico para el agresor, y medidas de protección a favor de la víctima.
En casos más graves, donde las agresiones provocan lesiones que requieren más de tres días de recuperación, o cuando se evidencia daño psicológico severo o agresiones sexuales, se considera delito. En estos casos, las penas pueden ir desde 30 días hasta siete años de prisión, dependiendo de la magnitud del daño y la reincidencia del agresor. Por ejemplo, la violencia psicológica comprobada como amenazas, humillaciones constantes, o aislamiento forzado puede sancionarse con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel, según el nivel de afectación identificado mediante peritajes psicológicos.
Datos de la Fiscalía General del Estado revelan que, de más de 95 mil denuncias por violencia intrafamiliar y de género presentadas entre 2019 y 2021, apenas el 1,3 % terminó con una sentencia judicial. Esto evidencia que la mayoría de los casos no avanzan más allá de la etapa de investigación o son archivados por falta de pruebas.
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Casos recientes ilustran cómo funciona el sistema. En noviembre de 2023, un ciudadano fue sentenciado en Pichincha a ocho meses de prisión por agresión física a su pareja, además de una multa y la obligación de pagar una reparación económica. En ese caso, el fallo se sustentó en peritajes, exámenes médicos legales y testimonios.
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