El control de las cárceles, un problema pendiente que debe afrontar el siguiente gobierno

Diez bandas criminales tienen el control de la distribución de la droga en el interior y fuera de las cárceles.

Sus enfrentamientos han provocado 492 muertos en 18 masacres desde el 2021. El control militar ha reducido esos episodios, pero no los ha erradicado.

En La Roca ha habido incluso ataques con drones que se posaron con explosivos en su techo y asesinatos en su interior. El año pasado, las mafias mataron a tres directores de prisiones y a ocho de los 2 710 guías. Ese número es insuficiente y se requieren, según estándares internacionales, al menos 400 más.

En las prisiones hay 31 263 presos y, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas (SNAI) el hacinamiento es del 13,5 % en Cañar, Chimborazo, El Oro, Los Ríos. En Guayas, la sobrepoblación carcelaria supera el 50%.

Por falta de recursos desde 2022 no hay dinero para la preparación y contratación de guías. Tampoco para la dotación de chalecos y armas antimotines.

La inversión en tecnología como escáneres para controlar el ingreso de armas, drogas y dinero es inexistente y los controles son manuales. Esta deficiencia se nota incluso en las regionales donde están presos de alta peligrosidad.

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Hay deficiencia de sistemas de videovigilancia porque los presos destruyen las cámaras y están dañados los sistemas automáticos de cierre de puertas. Los guías volvieron a usar cadenas y candados para encerrarlos, pero solo en los pabellones a los que pueden entrar.

El año pasado sí aumentó a USD 182 millones el presupuesto global para el sistema de rehabilitación: es el mayor en la historia. Pero el 92 % de ese dinero se destinó a la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en Salinas y al pago de salarios y gasto corriente.

A pesar de la construcción en curso de dos cárceles en Santa Elena, los problemas se mantienen porque otras prisiones ya no ofrecen garantías mínimas de seguridad y deben dejar de usarse. Esto ocurre con La Penitenciaría en Guayas, que es la más violenta del país o la cárcel de Ibarra que funciona en una casona antigua en el centro de esa ciudad.

El censo penitenciario hecho por el servicio carcelario determinó que solo uno de cada tres presos tiene acceso a actividades de rehabilitación con talleres, lectura, deportes, cultura o enseñanza técnica. Al resto no le interesa o no accede a esas actividades.

El SNAI, que está a cargo de las cárceles, es una institución inoperante que requiere la ayuda constante de las fuerzas del orden para enfrentar las crisis con estados de excepción.

La respuesta del próximo gobierno, debe ser integral, según los expertos. Se requiere más inversión para infraestructura y personal para garantizar el control interno que permita dividir a los presos por tipo de condenas y no por bandas.

La otra medida es desarrollar sistemas de acceso que impidan el ingreso a las cárceles de dinero, armas y drogas para las mafias que las controlan.

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Según los expertos, se necesitan cambios legales y administrativos para dar más fuerza y poder de ejecución al SNAI. Debe convertirse en un Ministerio para que emita políticas públicas que pueda ejecutar, con acceso al ejecutivo para para operar ráspidamente soluciones.

Sin estos cambios, el control de las cárceles por las mafias continuarán y con ello las masacres entre prisioneros y los sicariatos a los directivos a cargo de las prisiones.

El problema de las cárceles está en el radar de los candidatos a la Presidencia. 14 de 16 de ellos incluyen propuestas para enfrentar la crisis como construcción de más cárceles y mayor contratación de personal para ejercer mayor control. No han detallado cómo hacerlo y con qué recursos.