El Consejo de Participación se convirtió en un poderoso órgano de manipulación política

La primera vez que el Ecuador escuchó acerca de un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue en el 2008, cuando el socialismo del siglo XXI estaba refundando el país con una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

Entre las funciones del nuevo organismo llamaba la atención una: tenía el poder de designar las autoridades de control, así que quien lo dominara, dominaría también gran parte del escenario político y judicial del país.

Al principio, la forma de elegir a los consejeros, era a través de concursos de méritos y oposición. Los postulantes provenían de organizaciones sociales, lo que estaba lejos de garantizar independencia.

El CPCCS, impulsado por el correísmo, fue durante sus primeros años dominado por esa tienda política. Fue ese Consejo de Participación el que nombró autoridades como Carlos Pólit en la contraloría (hoy condenado en estados unidos) o Galo Chiriboga.

Carlos Ochoa, en la Superintendencia de Información, hoy refugiado en México. En la época de Lenín Moreno, se cambió la forma de elegir a los consejeros. Tras un referéndum, la decisión fue que se eligieran por voto popular. Y si antes ya el organismo era politizado, con esto fue peor.

El primer presidente del CPCCS —tras este nuevo sistema— fue un sacerdote que terminó preso por venta de cargos públicos. Los consejeros, que obedecen a sus tiendas políticas, pactan y votan de acuerdo a la conveniencia coyuntural.

Lea: Un observatorio buscará la revocatoria de mandato de Andrés Fantoni, presidente del Cpccs

Uno de los ejemplos más recientes se produjo con la llamada “Liga Azul”: Cuatro consejeros del correísmo intentaron boicotear el concurso para Superintendente de Bancos con el fin de que su candidato ocupara el cargo.

Porque teniendo la mayoría en el Consejo se pueden cambiar los reglamentos, apelar presidencias, demorar concursos y manipular resultados.

Otro ejemplo más coyuntural: el Consejo de Participación actual, con una mayoría afín al gobierno, devolvió la terna para elegir al presidente de la Judicatura porque existía inhabilidad de uno de sus miembros.

Esa terna estaba en sus manos desde hacía medio año y fue devuelta justo después de que se aprobó la ley de Integridad, que permite declarar en emergencia a la justicia.

Le puede interesar: El gobierno incluye en sus proyectos, la eliminación del CPCCS, que se realizaría mediante un referéndum

La conformación y los poderes del organismo lo han convertido en el lugar donde se manipulan votos a cambio de poder. Un actor viciado, pero clave en la administración de justicia y, por ende, con una cuota importante de responsabilidad en la realidad actual del Ecuador.