Un acusado como cabecilla en el caso Plaga fracasó en su intento por salir de prisión preventiva
La persona en cuestión es Cristian R., un abogado que "direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad" de manera ilegítima.
- Audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Plaga.( )
Cristian R., uno de los procesados en el caso Plaga y señalado por Fiscalía como cabecilla de la estructura delincuencial, fracasó este lunes 20 de enero en su intento por cambiar su prisión preventiva por otra medida cautelar.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Fernando Cantos Aguirre, negó la revisión de medidas solicitada por Cristian R. y otros dos procesados, Gary P. y Hugo A, luego de escuchar sus argumentos. En consecuencia, ratificó la prisión preventiva en su contra.
Según la información de Fiscalía, Cristian R. es un abogado que "direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad". "Sus acciones se ponían en marcha a través de sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales , personal administrativo a cargo de los sorteos de causas, jueces de unidades judiciales, hasta llegar a jueces del más alto nivel".
Gary P. fue un secretario judicial en el cantón Paján (Manabí). Fiscalía lo señala como la persona que admitía a trámite las acciones presentadas por la organización delictiva.
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Mientras que Hugo A. es un policía "que habría facilitado los medios de los sistemas informáticos de la institución policial para informar, facilitar o alterar información referente a prohibiciones de salida del país que tenían los procesados que solicitaban medidas constitucionales, con el fin de garantizar que pudieran salir del país sin problema alguno una vez otorgada la libertad".
En el caso Plaga, el Ministerio Público investiga el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a reos.
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