10 microcárteles en Ecuador están en guerra por mantener control del territorio

En Ecuador hay 10 microcárteles en guerra que luchan por el territorio para distribuir drogas en pequeñas cantidades. Según la Policía en dos décadas, esta disputa se ha extendido a 12 provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Santo Domingo, Pichincha, Tungurahua y Loja.

El modus operandi funciona así: primero convierten en adictas a las personas y les entregan el alcaloide para que lo vendan en escuelas o barrios y les pagan con dosis para su consumo.

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Durante 2022, más de 70 mil personas fueron atendidas por drogadicción, una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable de una droga. El Ministerio de Salud (MSP) no sabe cuántas personas la padecen actualmente, pero en el 2022, el sistema público atendió a 70 100 ciudadanos por consumo de drogas. La cifra recoge pacientes desde los nueve años de edad, pero la mayoría son adolescentes.

En el microtráfico, la cocaína sigue siendo el narcótico más común, pero en las calles se comercializan otras sustancias como la denominada: H, plo plo, cryppi, marihuana y de manera escasa drogas sintéticas como el fentanilo.

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Desde el 2008, el MSP tiene una política de atención que responde a la Constitución, que declaró a las adicciones como un problema de salud pública. ​​​​​El primer paso es que el paciente acuda a un hospital para que médicos especialistas empiecen con el proceso de desintoxicación, para que después éste pueda ingresar de manera gratuita a uno de los 49 centros de tratamiento a personas con consumo problemático de drogas. La mayoría están ubicados en Guayas y Azuay.

Sin embargo, menos del 40% de ocupación tienen estos centros. En el 2022, ingresaron tan solo 563 usuarios, de los cuales el 29 % recibió el alta, mientras que el 71 % continúa en el proceso. Quienes se someten a estos tratamientos deben hacerlo de manera voluntaria, y aunque sus familiares intentan convencerlos, son ellos quienes deben firmar el consentimiento para empezar la rehabilitación. Lo que ocasiona que en algunos casos recaigan y dejen las instalaciones para seguir consumiendo.