Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga recuperarán derechos políticos antes de lo previsto
Los exvocales del Cpccs habían perdido sus derechos de participación política por cuatro años, pero un juez del TCE redujo la sanción.
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Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga, exvocales del Cpccs. ( )
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, resolvió este viernes 17 de octubre reducir la sanción impuesta a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga Sánchez. La medida disminuye la suspensión de sus derechos de participación política de cuatro años a uno, plazo que empezó a regir desde el 7 de febrero de 2025.
El magistrado electoral invocó un principio de "favorabilidad" en su decisión y apuntó una reforma en el Código de la Democracia para modificar la sentencia.
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Franco y Verduga, además de Yadira Saltos y Vielka Párraga, fueron destituidos del Cpccs en enero pasado. Un tribunal del TCE consideró que los exconsejeros, a quienes se los denominó como integrantes de la 'Liga Azul' (por el color del correísmo), incurrieron en una infracción electoral muy grave al haber recibido apoyo de forma indirecta por el correísmo, al exhibir los mismos colores y eslóganes electorales, así como un respaldo público del expresidente Rafael Correa.
Adicionalmente, el tribunal impuso multas de USD 31 500 a cada uno de ellos, así como la suspensión de sus derechos de participación política por cuatro años, que ahora fue modificado.
Tras la destitución de los exvocales del CPCCS, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por presunta asociación ilícita en un caso conocido como Ligados. Entre los procesados figuran Verduga, Saltos, Franco, la actual consejera del Cpccs, Nicole Bonifaz, así como el excandidato presidencial Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta y el exsuperintendente de Bancos Raúl González.
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Según la FGE, en el seno del Cpccs se habrían coordinado y ejecutado acciones destinadas a designar de manera irregular a González como titular de la Superintendencia de Bancos, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional emitido en diciembre de 2024.
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