Expertos proponen soluciones para enfrentar la crisis judicial en Ecuador

En cada una de las instituciones encargadas de administrar justicia hay propuestas para solucionar sus propios problemas. En la Fiscalía quieren más fiscales. En la Corte, mayores garantías para trabajar; en la Policía, que no liberen a los sospechosos que tanto tiempo les tomó atrapar y así con todos los entes del sistema.

Desde fuera, es evidente que el problema no es individual, sino global y que para solucionarlo habría que partir por la base.

Pamela Aguirre y André Benavides son constitucionalistas y ambos tienen una lista concreta de sugerencias para resetear la administración de justicia en el país.

Coinciden en varios puntos. Uno de ellos es que el Ejecutivo debe asignar los recursos necesarios para la Función Judicial.

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"No hay para comprar el papel para las impresoras o el tóner. No existe la infraestructura", sostiene Benavides, mientras Aguirre dice que para que la Función Judicial pueda volver a tener prestigio, los salarios deben ser atractivos para que los buenos abogados se decidan por la función pública.

Otro de sus puntos es que se requiere reestructurar instituciones. El Consejo de la Judicatura, en primer lugar.

"Si no se piensa en eliminar el Consejo de la Judicatura, al menos quitarle la función de gobierno de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura da las direcciones, señala cuál es el rumbo que sigue la justicia, cuando en realidad, quien tiene que señalar cuál es el rumbo que debe seguir la justicia, son los los jueces", expresó Aguirre.

Benavides está de acuerdo, pero es más enfático en que se necesita eliminar el Consejo de Participación Ciudadadana y Control Social (Cpccs).

"Esa institución ha sido prácticamente la oficina trasera del poder de turno, oficina trasera de Carondelet y oficina trasera de la Asamblea Nacional, donde se devuelven favores y también se adquieren compromisos", aseveró.

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Benavides hace hincapié, además, en la necesidad de escoger mejor a los jueces. De hacer que los requisitos sean más estrictos y de priorizar la carrera judicial.

"Actualmente, cualquier persona que cumpla con los mínimos requisitos constitucionales puede ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Yo considero que se debe fortalecer la carrera judicial", manifestó.

Aguirre también considera que se fortalecer las leyes. "Vamos a una comisión que te que empiece por depurar toda la maraña jurídica que son nuestras leyes. Por ejemplo, los casos que tienen que ver con la prisión preventiva. Han existido tantas reformas respecto a esto, sentencias de la Corte, que en muchas ocasiones los jueces utilizan las interpretaciones que mejor les les corresponda", reveló.

Ella aboga por una reforma constitucional, Benavides por la creación de un plan nacional de política criminal en el que se contemple la planificación para prevenir y sancionar delitos, así como la rehabilitación de los sentenciados.

No en el modelo del Plan Fénix, sino un acuerdo nacional acompañado de voluntad política y tampoco una declaratoria de emergencia que siga poniendo parches al apuro frente a un problema que requiere una solución completa y radical.