24 ago 2023 , 21:00

Segunda vuelta Ecuador 2023: ¿Qué dice el plan de gobierno de Luisa González?

Luisa González llegó a la segunda vuelta en las elecciones anticipadas de Ecuador 2023, por lo que es una de las candidatas que podría llegar a la Presidencia.

Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), pasó a la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador 2023 y se medirá contra Daniel Noboa el próximo 15 de octubre. Se trata de la candidata correísta que consiguió el 33,62% de los votos, ubicándose primera de entre todos los candidatos.

Su plan de Gobierno tiene 69 páginas, incluyendo el diagnóstico actual y las firmas, así como 459 acciones. El eje central de su propuesta es la justicia y a partir de esa premisa se desprenden los objetivos.

El documento contiene los mismos conceptos a los que apelaba el correísmo cuando eran gobierno, por ejemplo: buen vivir o estado plurinacional.

El plan de trabajo de Luisa González en lo económico

En lo económico, González plantea estimular la producción no petrolera, impulsar el sector agrícola y facilitar beneficios a miembros de la Economía Popular y Solidaria. Ofrece crear un sistema masivo de créditos a tasas bajas "para desendeudar a las familias", aunque no explica con qué se sustentará esa propuesta.

En el plan también consta revisar las decisiones tomadas en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillemo Lasso, por ejemplo, consta que auditarán la deuda pública prepagada durante la pandemia y revisarán "las políticas de subsidio", con la posibilidad de focalizar ese beneficio a sectores como la agricultura y el transporte, a pesar de que esa intensión les costó dos paros nacionales a Moreno y Lasso.

En materia laboral, la candidata plantea controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales e impulsar el empleo joven, mediante propuestas legislativas y políticas públicas.

Por otro lado, a pesar de que Rafael Correa aseguraba que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tenía excedentes económicos y que la Contraloría determinó que durante su Gobierno perdieron USD 9 239 millones, González propone una reforma profunda para cumplir con el aporte estatal y "tomar los correctivos necesarios."

Acceso a educación

Durante el gobierno de Correa hubo críticas por la dificultad que tenían ciertos estudiantes de acceder al sistema de educación superior, ahora plantean "garantizar el acceso a educación" en todos los niveles.

En materia de educación hay propuestas ambiciosas que deberán cumplirse en 18 meses, como erradicar el analfabetismo y todas las formas de violencia en el sistema educativo.

Por otro lado, plantea reforzar los institutos técnicos y tecnológicos. Así como impulsar becas o créditos para el acceso a la educación privada.

En cuanto a la educación rural, González dice que se adaptará a las necesidades territoriales; teniendo como antecedente que Moreno criticó la creación de unidades educativas que estaban distantes a varios sectores y dificultaban el acceso de los niños.

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En el plan de Gobierno de Luisa González está el reintegrar al personal despedido ilegalmente

Reincorporar al personal sanitario, que fue despedido en los años pasados y asignar "salarios dignos", consta en el ámbito de salud, sin aclarar con qué recursos contarán para ese objetivo.

Un Sistema Nacional de Salud, que implica la atención gratuita y la creación de redes que incluyan recursos públicos y privados. En el documento se señala que se contará con el Ministerio de Salud, el IESS y Fuerzas Armadas.

Por otro lado, creará el Ministerio de Desarrollo Infantil Integral para atender con prioridad a los niños y articular la gestión de acciones estatales.

Además, aumentará el presupuesto de los programas alimentarios del Estado y eliminará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica de alimentos.

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La principal propuesta contra la inseguridad es crear dos ministerios

La primera propuesta que aparece en el ámbito de seguridad es la restitución del Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La segunda también se centra en el ámbito burocrático y es la reestructuración de los ministerios del Interior y Gobierno para depurar las filas de las fuerzas de seguridad.

El correísmo plantea tolerancia cero con el uso excesivo de la fuerza, la represión legítima de la protesta y el terrorismo de Estado; sin embargo, por otro lado, plantea actualizar sueldos y salarios de la Policía, nuevamente, sin señalar de dónde vendrán los recursos.

Frente a la crisis carcelaria, González asegura que retomará el control de los centros de rehabilitación, sin más detalles. También asegura que los programas permitan la reinserción social para su reintegración.

En el ámbito de lucha contra la corrupción, el correísmo habla de impedir que la justicia sea un mecanismo de persecusión política

Con los antecedentes de casos de corrupción en los que se han visto involucrados varios miembros de la Revolución Ciudadana, en su plan de Gobierno plantean que la Función Judicial y la Fiscalía sancionen "delitos y no personas", plantean impedir la "utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política".

Ya en materia, el planteamiento del correísmo es fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, pero no solo en lo público, sino también en lo privado.

Tal como lo hizo Lasso con el código de ética, que en varias ocasiones se pasó por alto, González plantea establecer un código de conducta para promover la integridad de los funcionarios públicos y privados.

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El correísmo busca revertir los casos en su contra y lo hecho durante el gobierno de Moreno

La posibilidad de crear una comisión de la verdad ha estado latente desde hace años como un mecanismo para revertir los casos de corrupción que pesan contra personajes claves de la RC y ahora consta claramente en el plan, como una manera de "hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos".

La candidata a la Presidencia quiere impulsar un proceso que llama re-constituyente para revertir la consulta popular impulsada por Lenín Moreno y lo establecido por el difunto Julio César Trujillo, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien designó autoridades de control como la fiscal Diana Salazar.

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