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¿Quiénes serían parte del registro reservado de condenados por delitos sexuales, propuesto por Noboa?
La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó que la medida aplicará para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación.
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Imagen referencial de una persona detenida.( )
La iniciativa del presidente Daniel Noboa para sancionar delitos sexuales no solo incluye cárcel y una polémica propuesta de castración química; se suma un registro reservado de las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por estos delitos.
La propuesta enviada a la Corte Constitucional reseña que este registro evitará que aquellos que fueron penados por delitos sexuales se vinculen en el futuro en actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes.
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Carolina Jaramillo, vocera del Ejecutivo, explicó el 14 de julio que, de aprobarse la reforma, la medida aplicará "para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación". Con ello, se busca establecer "un marco legal riguroso y técnicamente regulado", agregó.
Es decir, que únicamente quienes hayan ido a prisión por este delito constarán en el registro planteado.
La petición deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, una vez que Corte Constitucional dé el visto bueno.
Las penas se endurecen con castración química
La castración química consiste en el uso de medicamentos que reducen significativamente la libido y los niveles de testosterona en los sujetos en quienes se aplican. No implica una intervención quirúrgica, sino un tratamiento farmacológico continuo, cuyos efectos desaparecen si se interrumpe su administración.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia británico, un país donde se aprobó esta pena en mayo de 2025, estudios previos en otras naciones demostraron que este tipo de intervención puede disminuir la tasa de reincidencia en delitos sexuales hasta en un 60%, "especialmente en aquellos casos donde hay un patrón compulsivo y persistente de comportamiento delictivo".
El uso de la castración química no es nuevo. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de EE. UU. ya la aplican, en distintos grados y con distintos niveles de supervisión. En muchos de estos lugares, la decisión ha sido recibida con controversia, pero también con respaldo por parte de las víctimas y sus familias.
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