Los procesos de contratación pública se han paralizado por corrupción y manejo político
Los funcionarios optan por evitar involucrarse en estas gestiones por temor a amenazas, prefiriendo incluso renunciar a sus cargos antes que exponerse.
La corrupción y el manejo político de las compras públicas o servicios para el estado convirtieron al proceso de contratación en un dolor de cabeza. Y esto se traduce, entre otras cosas, en deficiencia de servicios y ausencia de obras.
El Estado tiene 3 200 entidades obligadas a planificar sus compras y sus contratos con sus presupuestos anuales para que nunca falte nada. En los últimos 10 años las entidades compran menos; sus funcionarios tienen miedo a la Contraloría y evaden o delegan su responsabilidad frente a las necesidades del Estado, algunos hasta renuncian.
Es un círculo vicioso en el sector público donde la falta de planificación de compras públicas se suma a la lista de problemas.
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En la década del correísmo las compras públicas se hacían sobre todo en forma directa y mediante decretos de emergencia. Buena parte de ellas con abusos y sobreprecios.
En el histórico comparativo muestra que el año de mayor contratación fue el 2013 con USD 11 020 millones. En adelante y hasta la fecha, las de compras públicas oscilan entre 5 000 y 8 000 millones.
Los funcionarios se quejan de que debido a una ley antigua de Contraloría su papel no es preventivo sino sancionatorio.
También el SERCOP tiene un sistema de monitoreo caduco que no garantiza transparencia y equidad en las modalidades de contratación. Hace 4 meses el sistema fue hackeado y nunca se conoció de responsables.
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Todo esto ha llevado a perder la agilidad, la honestidad y la oportunidad que el Estado requiere para comprar y asegurar su normal funcionamiento. Hacer las compras y contrataciones del estado se convirtió en un trabajo de alto riesgo.
Es esto que el gobierno quiere cambiar con su proyecto de ley enviado a la Asamblea.
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