Paro nacional | La Unorcac afirma que busca el diálogo, pero no se ha concretado por parte del Gobierno Nacional

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) dio una rueda de prensa, este viernes 3 de octubre de 2025, para mostrar su posición en medio del paro nacional contra la eliminación del subisidio al diésel que hoy cumple 12 días. También sobre la Asamblea de Justicia Indígena, la entrega de personal militar y la coyuntura de la paralización.

Hablaron Martha Tuquerres, presidenta de Unorcac; Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos y Lucila Guitarra, esposa de Efraín Fuerez, uno de los manifestantes que murió en medio de las protestas. La primera lamentó las medidas represivas del Gobierno Nacional con militares. "Nuestro compañero, Efraín Fuerez, fue víctima de una ejecución extrajudicial. Su muerte no fue un hecho aislado".

Expresó que, en medio de la conmoción social derivadas durante las protestas, las comunidades rescataron a 13 militares que estaban en sus jurisdicciones territoriales comunitarias. Les cuidaron con alimentación, atención médica y vestimenta en todo momento. "Presentaban heridas producto del enfrentamiento, pero fueron atendidos por médicos comunitarios y por la Cruz Roja, constatando que eran lesiones menores".

"La lucha de nuestros pueblos, no es un delito, sino un derecho", enfatizó la dirigente. Reiteró su predisposición al diálogo, pero que este sea abierto y que garantice a los dirigentes que expresen lo que sienten y dar a conocer sus propuestas de trabajo. Sin embargo, hay descoordinación del Gobierno Nacional. "Hemos hecho la apertura, pero no se ha concretado este diálogo por parte del Gobierno hasta la fecha".

Guitarra aclaró que nunca reclamó o culpó a los dirigentes indígenas por haberle supuestamente obligado a su esposo a salir en las protestas. "No somos terroristas (...) No digan cosas que no son".

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En su intervención, Idrovo dijo que se ha confirmado la existencia de 183 reportes de vulneraciones de derechos humanos. De ellos, 90 ocurrieron en Imbabura, 41 en Pichincha, 12 en Cotopaxi y 12 en Azuay, etc. Se identificaron dos fechas críticas:

Hay más de 100 personas heridas cuyos casos han sido documentados por la Alianza de Derechos Humanos. También hay denuncias de personas detenidas temporalmente. Algunas tienen heridas y golpes. Idrovo manifestó que la mayoría de vulneraciones de derechos humanos fue perpetrada por fuerzas armadas.

"Las FF.AA. ven a las personas como su enemigo, no como un ciudadano o ciudadana con derechos a respetar", dijo la activista. La Alianza continuará monitoreando las vulneraciones que se ejecuten durante las movilizaciones. Pidió a la Fiscalía que no califique a los manifestantes como terroristas.

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