El 80 % de las organizaciones políticas en Ecuador son de alquiler, según la Corporación Participación Ciudadana
Un rastreo de la Corporación Participación Ciudadana revela que la mayoría de movimientos y partidos en el país no cumplen requisitos básicos como RUC, oficinas o militancia real.
El fenómeno de los partidos y movimientos políticos de alquiler sigue marcando la vida electoral en Ecuador. Según un rastreo de la Corporación Participación Ciudadana, alrededor del 80 % de las organizaciones políticas registradas carecen de los requisitos mínimos de funcionamiento: no tienen RUC, oficinas, páginas web actualizadas e incluso los teléfonos registrados no funcionan.
Estas agrupaciones, lejos de operar con una base ideológica definida, se convierten en instrumentos a disposición de grupos de interés que buscan incidir en la política nacional. En épocas electorales estas estructuras ofrecen su "marca" a candidatos sin respaldo, convirtiéndose en vehículos temporales para alcanzar un espacio en la papeleta.
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El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, señala que este mecanismo contradice lo que manda el Código de la Democracia, que obliga a los militantes a elegir sus candidaturas mediante procesos internos. "Aquí no hay ideología, aquí hay intereses. Si yo tengo un grupo de corrupción y quiero relaciones contractuales con un gobierno, tengo que promocionar candidaturas y financiarlas, muchas veces en efectivo", subraya.
El estudio de la Corporación Participación Ciudadana, basado en información del Consejo Nacional Electoral (CNE), identificó que de las 233 organizaciones políticas vigentes, la mayoría incumple requisitos básicos de transparencia. "Alrededor del 80 % de los movimientos no tienen RUC, oficinas o sitios web activos. Es fácil determinar que hablamos de partidos de alquiler", sostuvo Ruth Hidalgo, directora de la organización.
Uno de los problemas centrales es la falta de control sobre el financiamiento político. Aguinaga recuerda que la rendición de cuentas se realiza solo después de los procesos electorales, lo que deja un vacío de fiscalización durante la precampaña y la campaña. "La autoridad cierra los ojos mientras ocurre el gasto y solo después de 90 días recibe los informes, sin saber qué ocurrió con el flujo real de dinero", advirtió.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, reconoce la existencia de estas agrupaciones sin trayectoria política. Explica que muchas sobreviven gracias a alianzas coyunturales, que les permiten mantenerse activas con el cumplimiento mínimo de requisitos legales. "Hay organizaciones que no desarrollan actividades, no hacen presencia política, pero a la fecha de elecciones se unen bajo el paraguas de otra estructura y logran subsistir", señaló.
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Frente a este escenario, el Código de la Democracia introdujo reformas en junio pasado que entrarán en vigencia en el próximo proceso electoral. Una de las disposiciones más relevantes establece que los partidos y movimientos deberán alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos en una sola elección para mantener su personería jurídica. En caso de no lograrlo, serán eliminados del registro.
Con estas medidas, las autoridades esperan reducir la proliferación de organizaciones políticas sin estructura real, que han convertido a la política ecuatoriana en un terreno fértil para la improvisación y los pactos coyunturales. Sin embargo, expertos advierten que mientras no exista un control riguroso del financiamiento y una exigencia clara de institucionalidad, los partidos de alquiler seguirán siendo protagonistas en cada elección.
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