Marcela Aguiñaga se pronuncia sobre el proceso contra el Municipio de Guayaquil por el paso elevado en Los Ceibos

La Prefectura del Guayas inició este lunes 28 de julio un proceso administrativo sancionatorio contra el Municipio de Guayaquil por la obra del paso elevado en Los Ceibos, por una solicitud del Ministerio de Ambiente.

La prefecta Marcela Aguiñaga manifestó que están actuando en derecho y que este procedimiento, calificado como arbitrario por la Alcaldía de Guayaquil, se resolverá de manera técnica-jurídica.

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"Todos quieren decirle a la Prefectura lo que debe hacer (...) No hay bandos, solo debido proceso, que se presenten las pruebas de descargo, los caprichos los dejamos para después. Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas", dijo Aguiñaga en redes sociales.

Con esta acción, también se ratificó la suspensión que pesa contra la construcción que se estaba realizando en la Avenida del Bombero, norte de Guayaquil.

En la víspera, el alcalde Aquiles Álvarez había apelado a Aguiñaga a rechazar la disposición del Ministerio de Ambiente porque considera que no existe una motivación técnica en esa orden, que también convocó a que el registro ambiental otorgado a la obra sea revocada.

"Usted no solo puede resistir esta orden del Ministerio de Ambiente. Créame que y usted lo sabe, debe hacerlo. Si usted acata una resolución sin motivación técnica se vuelve responsable de una afectación injustificada a los derechos de la ciudad", dijo Álvarez.

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Como la Prefectura del Guayas procedió con el inicio del proceso administrativo, Álvarez exclamó esta tarde que la prefecta violó la Constitución.

La Prefectura del Guayas apuntó que el Municipio de Guayaquil tiene 10 días para responder al proceso de manera justificada y otros 10 días para presentar sus pruebas de defensa. Este procedimiento podría derivar en sanciones económicas.

David Norero, coordinador legal del Municipio, comentó que van a contestar a este proceso en el plazo otorgado, pero advirtió que podrían impulsar otras medidas al tener perjuicios por la suspensión de una obra que ya tenía un permiso legal.