01 ago 2019 , 07:38

Ley Anticorrupción se incorporará en reformas al COIP

El principal propósito sería recuperar los recursos mal habidos.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos la moción propuesta por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, para que el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante sea incorporado en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las reformas al COIP estarían listas para segundo debate.

 

Hasta el momento, los legisladores han destacado la posibilidad de que cuando un servidor público denuncia un acto de corrupción se convierta en informante o testigo, por tanto, pueda solicitar traslado y licencia en caso de denuncia por corrupción.  Además, aseguraron que la Ley Anticorrupción es de vital importancia dentro del sistema penal, pues dota de herramientas específicas a los órganos de control, a la Fiscalía y a la Función Judicial.

 

En otras intervenciones, según el comunicado de la Asamblea, se indicó que el principal beneficio de la iniciativa es recuperar los recursos mal habidos e impulsar a la denuncia responsable.

 

La mesa de Justicia tramitó la propuesta que contempla reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

La normativa tiene como objetivo definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.

 

También, establece que cuando una denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, el denunciante podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos que el Estado logre recuperar.

 

 

 

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