Lasso cuestiona las movilizaciones mientras militares y policías están en posibles zonas de conflicto

El presidente de la República, Guillermo Lasso, cuestionó la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otras organizaciones sociales a las movilizaciones anunciada para este lunes 13 de junio en todo el país, e hizo un llamado a la conciliación y al diálogo.

El mandatario, quien llegó de Estados Unidos la noche de este sábado tras la finalización de la IX Cumbre de las Américas, señaló este domingo que "el paro indefinido lo único que va a traer es una reducción de la actividad económica".

En ese sentido, el jefe de Estado cuestionó a los dirigentes que impulsan las manifestaciones y pidió que "recapaciten".

"La mejor manera de salir adelante se basa en el trabajo, no hay otra forma", acotó el jefe de Estado

Más temprano, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hizo un llamado "al diálogo y los consensos". "¡Ecuador no puede detenerse, necesita trabajar!", expresó el funcionario.

De su lado, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que la Policía Nacional tiene listo un plan para garantizar la libre movilidad de las personas, evitar el cierre de las principales vías y frenar actos violentos como los ocurridos durante las protestas de octubre de 2019.

Por su parte, las Fuerzas Armadas reforzaron desde este fin de semana el control de los pozos petroleros en la Amazonía.

Asimismo, policías y militares se concentraron desde este domingo en varias unidades para desplazarse desde esta madrugada a las posibles zonas de conflicto.

La Conaie asegura que la protesta arrancará "luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)".

Según la Conaie, en la movilización participarán también sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales con una agenda que incluye diez temas en materia económica y derechos.

Los grupos sociales exigen que haya "una reducción y no más subida del precio de los combustibles", pese a que el Gobierno ha congelado el coste del galón de la gasolina de mayor consumo.

Asimismo, piden "la moratoria de un año (para más de cuatro millones de familias) en el sistema financiero para que paguen sus deudas", así como precios justos de los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales.

Los manifestantes se oponen a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua, piden que no se privaticen los sectores estratégicos y demandan la aplicación de políticas de control y especulación de precios.

Entre las demandas al Gobierno también figura la asignación de más presupuesto para los sectores de la salud y educación, y la generación de políticas públicas de seguridad y protección.