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Juicio político Lasso: Gobierno dice que respeta el dictamen de la Corte Constitucional
El Gobierno Nacional emitió un pronunciamiento tras conocerse que la Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra de Guillermo Lasso.
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La Corte Constitucional admitió la acusación de juicio político por el presunto delito de peculado. ( )
La Secretaría General de Comunicación emitió un comunicado este 29 de marzo de 2023 indicando que el Gobierno respeta la decisión de la Corte Constitucional, sobre admitir la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, aunque no coincide con la decisión.
El pronunciamiento resalta que los argumentos planteados por la Asamblea no tiene sustento jurídico y recuerda que el documento ha tenido varios errores, que fueron cuestionados por sectores de toda índole durante su construcción.
El comunicado concluye indicando que el Presidente trabaja por las "víctimas del crudo invierno, el terreno y el deslave de Alausí".
No se precisa las acciones que tomarán desde el Ejecutivo al activarse el trámite que podría terminar con la censura y destitución del Mandatario.
Corte admitió a trámite juicio político contra Lasso
La Corte Constitucional admitió la acusación de juicio político por el presunto delito de peculado, porque se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en la ley.
Sin embargo, inadmitió las dos acusaciones relacionadas con el delito de concusión porque no cumplen las exigencias.
Según un comunicado emitido por ese organismo, en el dictamen se determinó que era necesario realizar un análisis del procedimiento y el contenido de la solicitud.
LEA: Juicio político a Guillermo Lasso: el correísmo celebra la decisión de la Corte Constitucional
Los jueces concluyeron que "en el análisis del procedimiento, se encontró que, la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, se han respetado los principio de legitimidad política y del debido proceso".
A pesar de eso, en el boletín llaman la atención a los solicitantes y al Legislativo "por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional".
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