Juicio político contra el Cpccs estaría más próximo que la designación del Contralor

Los tiempos para la designación de un nuevo Contralor General del Estado corren a la par del juicio político de las autoridades encargadas de gestionar ese nombramiento, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Tomando en cuenta la vacancia legislativa, se tendría un informe sobre el juicio contra el Cpccs, a finales de septiembre, tentativamente, mientras que la designación del Contralor se concretaría en noviembre. Sin embargo, una vez conformadas las Comisiones de Selección Ciudadana, resulta complejo intervenir en el proceso en el caso hipotético de que se destituyan a los consejeros del Cpccs.

La designación es un asunto de interés para los demás poderes del Estado, los funcionarios públicos y el ciudadano común. De esa autoridad depende un efectivo control de los recursos estatales y la detección de actos de corrupción, según lo dicta la Constitución.

El contralor subrogante Carlos Riofrío lleva más de un año en funciones, en reemplazo de Pablo Celi, quien a su vez fue subrogante de Carlos Pólit, los dos últimos involucrados en actos de corrupción. El periodo establecido para que Pólit esté en funciones culminaba en marzo de 2022, es decir la designación del nuevo contralor ya lleva cinco meses de retraso.

Según informó el área de comunicación del Cpccs tomará al menos tres meses más la elección de la primera autoridad de la Contraloría. El último paso alcanzado fue la designación de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección que estará integrada por cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, escogidos en sorteo público.

El 27 de julio de 2022, en un acto público, el Consejo de Participación Ciudadana hizo ese sorteo. La consejera Sofía Almeida pidió que se pesen cada una de las bolitas que lleva el número para el sorteo, a lo que el presidente de esa institución, Hernán Ulloa, respondió que si querían podían tomarles incluso la temperatura.

El resultado del sorteo público y de los nombres propuestos por las funciones del Estado pasan por una etapa de impugnación, en la que la ciudadanía puede presentar quejas por falta de idoneidad de alguna de las personas seleccionadas.

El juicio político contra los consejeros del Cpccs ha estado latente desde que se ingresaron las solicitudes y fueron admitidas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea (CAL).

Sin embargo, la discusión de que varios grupos intenten intervenir en la Comisión de Fiscalización se ha intensificado con una nueva mayoría legislativa, integrada por la oposición.

Lo cierto es que por ahora el presidente de esa mesa legislativa es el legislador Fernando Villavicencio y está conformada por una mayoría afín al oficialismo.

Por el momento, el trabajo se concentra en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. La Comisión debe levantar un informe que recomiende o no el juicio, aunque es el Pleno el que finalmente tome una decisión en firme.

Tienen hasta el 18 de agosto para completar esa fiscalización. Sin embargo, pueden pedir una prórroga de cinco días, es decir hasta el 23 de agosto. Hay que tomar en cuenta que el Parlamento está próximo a tomar un periodo de vacancia,que puede iniciar el próximo 22 de agosto, en el cual depende del Presidente determinar si los tiempos siguen corriendo o se pausan.

Una vez que se entregue ese informe, la Comisión tiene cinco días para avocar conocimiento al nuevo enjuiciamiento. El que está a la cola es contra cuatro vocales del Cpccs: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Ese proceso fue solicitado por los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño.

A continuación de ese está una solicitud de juicio contra todos los miembros, pedido por el legislador Ricardo Vanegas. Con base en la Ley de la Función Legislativa, la Comisión debe resolver si unificar esos pedidos o tramitarlos por separado.