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Según los asambleístas del gobierno y sus aliados, más de 50 legisladores no apoyarían la destitución de Lasso.
El proceso inició el 18 de enero, cuando el pleno del legislativo conformó la denominada Comisión de Investigación del Caso Encuentro, que concluyó con un informe aprobado por 104 asambleístas en el que se sugería enjuiciar políticamente al presidente Lasso.
La Comisión controlada por el correísmo desde un inicio sabía que debía inclinarse por la destitución del presidente, acusándolo incluso de traición a la patria.
El 16 de marzo, la mayoría de la comisión presentó el pedido de juicio con 59 firmas de respaldo.
Plantearon tres causales y apuntaron a que el juicio se sustente con el delito de cohecho a través de las Empresas Públicas y adicionalmente incluyeron la causal de peculado sobre un contrato de la estatal Flopec.
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La polémica siguió, incluso, porque el juicio fue presentado con sustento en artículos legales y constitucionales equivocados. El pedido pasó a la Corte Constitucional el 24 de marzo, organismo del que dependía si el juicio debía seguir o detenerse.
Aunque dio otro revés a la oposición porque desechó dos causales del pedido y lo restringió a la acusación de peculado en un contrato de Flopec con Amazonas Tankers.
La oposición enfrentó problemas para sustentar la acusación. Su testigo clave no acudió.
El Contralor negó que el cuestionado contrato en Flopec haya generado responsabilidades penales e incluso, al final de la etapa de prueba, la interpelante Mireya Pazmiño fue cuestionada porque el año pasado impulsó un informe favorable al contrato con el que sustentó el juicio contra el presidente Lasso.
Se le acusó también de que ese informe fue elaborado por lobistas petroleros, varios de ellos enjuiciados por corrupción.
Así el juicio político contra el presidente Lasso entró en etapa resolutiva.
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