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La Fiscal General aseguró que a lo largo de la audiencia probará que el excontralor y el exgerente de Petroecuador lideraron la estructura.
En el sexto intento, este lunes en la Corte Nacional de Justicia empezó el juicio del Caso las Torres con el alegato de apertura de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien aseguró que a lo largo de la audiencia presentará las pruebas de que entre 2017 y 2020 operó una estructura de delincuencia organizada desde la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República.
Identifica como líderes al excontralor, Pablo Celi, y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, a los nueve procesados restantes los considera colaboradores. Los acusa de obtener beneficios económicos de NOLIMIT, empresa contratista de la estatal petrolera, a cambio de desvanecer glosas o liberar planillas pendientes de pago.
Según la Fiscal, en 2017, Pablo Celi habría recibido 500 mil dólares por desvanecer seis glosas a esa empresa, además buscaron obtener el 20% de una factura de 20 millones de dólares pagados, y planeaban hacerse del 15% de un contrato de 35 millones de dólares para la Refinería la Libertad.
La defensa del excontralor, Marcelo Ron, dice que no hay nada concreto en contra de su cliente, "su posición es de la Fiscalía y de la acusación particular, pero no existe nada de manera objetiva; es un tema claro de persecusión, el proceso que se inició la semana pasada es una muestra de eso".
Mientras que la fiscal Salazar indicó: "no existe persecusión, las pruebas están ahí, las pericias, los audios, los chat y sobre todo los desvanecimientos que coadyuvaron para que esta empresa pueda beneficiarse de esos 20 millones".
De su parte el abogado del exgerente de petroecuador también rechazó que se lo identifique como líder de una organización delictiva.
Se ha convocado a 350 testigos y peritos para este juicio que se espera dure varias semanas, al término de la misma el tribunal decidirá si emite una sentencia condenatoria o absolutoria. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión.
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