22 jul 2022 , 10:52

Gobierno respalda a Fiscalía en investigación por presunta corrupción en oferta de cargos públicos

La indagación salpica al exconsejero ad honorem del Gobierno, Juan José Pons.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República amplió su postura respecto al escándalo que salpica al exconsejero ad honorem del Gobierno Nacional, Juan José Pons, y respecto a la venta de cargo públicos.

El Gobierno dice que no ha existido ningún reparto de cargos por parte de las autoridades que lideran los ministerios. "Las personas inescrupulosas que han ofertado cargos a terceros a cambio de dinero deberán responder ante la justicia", señala el comunicado difundido la tarde de este 22 de julio.

En la mañana, la cuenta de Twitter de esa institución señaló que "en el Gobierno del presidente Guillermo Lasso nadie está por encima de la ley. Que Fiscalía haga lo que tenga que hacer".

La Secretaría de Comunicación publicó un tuit.
La Secretaría de Comunicación publicó un tuit. ( )

Este jueves, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados a la oferta de cargos en instituciones públicas, fue allanado el domicilio de Pons, en la provincia del Guayas. Hubo además intervenciones en Pichincha, Cotopaxi y Azuay.

Entre los indicios levantados durante la madrugada del jueves figuran teléfonos celulares, dinero en efectivo, computadores, pendrives, documentación relacionada al presunto delito y hojas de vida de varias personas.

En declaraciones recogidas por diario El Universo, Pons confirmó que funcionarios de la Fiscalía tomaron una computadora y un teléfono "para verificar, para investigar, para seguir el debido proceso".

El exasesor ad honorem del jefe de Estado en materia de producción bananera, que fue designado por Lasso en julio de 2021, aseguró a ese medio que acudirá a la Fiscalía si es llamado a declarar y que "el que no la hace, no la teme".

Hasta el momento, ocho personas están siendo procesadas por este caso por el presunto delito de asociación ilícita. Ninguno está detenido.

La Justicia ordenó que los indagados cumplan medidas cautelares como presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país.

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