Daniel Noboa convoca a una movilización para presionar a la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa nuevamente arremete contra la Corte Constitucional y en esta ocasión llama a una movilización para el próximo martes 12 de agosto. La convocatoria la hizo en un evento con agricultores en Daule, provincia de Guayas, este 6 de agosto.

"Es importante entender el momento que estamos viviendo ahora", dijo el Mandatario haciendo referencia a la consulta popular que presentará en las próximas horas ante la Corte Constitucional.

"No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, las leyes que le pueden dar paz a su familia", añadió el Presidente.

Además, advirtió que en esa movilización pacífica estará presente y será en dirección a la Corte Constitucional, ubicada en el centro-norte de Quito, en el sector de La Mariscal.

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La disputa del Gobierno Nacional contra la Corte Constitucional nace de las demandas de inconstitucionalidad que han presentado organizaciones sociales contra las tres leyes económicas urgentes del Ejecutivo: Inteligencia, Solidaridad e Integridad.

La Corte ya suspendió algunos artículos que podrían estar en contra de la Constitución, los mismos que serán evaluados a profundidad por los jueces.

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Ante esa decisión, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aparecieron juntos en un video, rodeados de policías y militares, rechazando la suspensión de los artículos.

"Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuestas a los que están jugándose la vida en las calles?", indicó Rovira.

Por otro lado, el trámite para convocar a consulta popular incluye un pronunciamiento de la Corte, por lo que la propuesta de Noboa caerá en cancha de los magistrados contra los que ahora arremete.

En esa consulta está incluida una pregunta que contempla el control político de la Asamblea Nacional para los jueces de la CC. Rovira asegura que eso no es una retaliación.

La tensión entre la Corte y el Ejecutivo ha provocado la reacción de organismos internacionales, quienes rechazan una posible injerencia de funciones del Estado en la justicia.