La polémica y el juego de intereses son la marca institucional del Cpccs

La polémica sigue marcando el rumbo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), un organismo cuya capacidad para designar autoridades de control ha sido el epicentro de constantes crisis.

Esta vez, el conflicto se intensifica con el gobierno de Daniel Noboa, que rechaza el cambio del superintendente de Bancos y acusa al organismo de intentar apoderarse del sistema financiero. La disputa no es nueva. El Cpccs ha sido históricamente un espacio donde convergen los intereses políticos y el apetito por el poder.

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El Consejo, creado mediante la Asamblea Constituyente de Montecristi, concentra un poder que desata recurrentes conflictos nacionales. La designación de autoridades de control lo convierte en un objetivo estratégico para los actores políticos que ven en él una herramienta para consolidar sus intereses.

Sin embargo, su razón de ser, el fomento de la participación ciudadana, ha quedado opacada por la inestabilidad que lo caracteriza. Desde su creación, las destituciones y crisis internas han sido la norma, con figuras como José Carlos Tuárez y Christian Cruz protagonizando episodios que cuestionan su legitimidad.

La llegada de nuevos consejeros en 2023 tampoco ha estado exenta de controversia. Tres de ellos, respaldados por el correísmo y conocidos como la Liga Azul, lograron posicionar a Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa, como presidente. No obstante, su gestión fue breve, ya que fue destituido por incumplir un dictamen previo.

Pese a esta pérdida inicial, la Liga Azul recuperó el control tras la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas por parte de la Asamblea Nacional, consolidando su mayoría.

Uno de los movimientos más controversiales de esta nueva mayoría ha sido el cambio del superintendente de Bancos, lo que desató un enfrentamiento directo con el gobierno. El Ejecutivo denuncia que esta decisión busca tomar el control del sistema financiero, ya que el funcionario revocado había sido designado desde la terna enviada por el presidente Noboa. Mientras tanto, voceros de Construye, el movimiento que impulsó la destitución de Guarderas, se desmarcan de las acciones de la Liga Azul y califican el cambio como un desacato a la Corte Constitucional.

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La tensión crece mientras el Cpccs solicita a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una nueva terna para nombrar vocales del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el tiempo juega en su contra: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita una denuncia contra la Liga Azul por violar la ley electoral que prohíbe el auspicio político a candidatos del Consejo. Este proceso podría culminar en su destitución. En síntesis, el CPCCS no ha cumplido con las expectativas ciudadanas, pero ha respondido a las calculadoras estrategias políticas, consolidando su reputación como un terreno donde los intereses prevalecen sobre la institucionalidad.