El correísmo dice que cambió en ocho años, pero no logra despejar al menos cuatro dudas

Luisa González y Diego Borja es la fórmula presidencial de la Revolución Ciudadana que obtuvo el 44% de los votos en la primera vuelta del 9 de febrero frente a Daniel Noboa y María José Pinto, quienes alcanzaron el 44,17%.

Frente a esta ligera diferencia de casi 17 mil votos, el correísmo confía en su regreso a Carondelet. Sin embargo, a semanas de la segunda vuelta, persisten dudas sobre si la Revolución Ciudadana representa un verdadero cambio político o si se repetirán los esquemas del pasado.

En POLÍTICAMENTE CORRECTO, dos militantes del movimiento intentaron despejar varias incertidumbres sobre la libertad de prensa, la dolarización, la situación judicial de Rafael Correa y la relación con Venezuela.

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Semanas atrás, el asambleísta correísta Xavier Lasso anunció su intención de impulsar una nueva Ley de Comunicación en la Asamblea. Lo dijo en una entrevista para un canal digital. Sin embargo, Luisa González negó que esto sea parte de la agenda legislativa del correísmo presentado ante el CNE. La asambleísta Gissela Garzón también aseguró que no habrá una nueva ley de comunicación en el período 2025-2029. No obstante, admitió que existen aspectos de la comunicación que requieren regulación y que podrían entrar en debate.

"Durante estos años, a la ciudadanía se le ha negado el derecho a acceder a la verdad... No habrá una ley de comunicación, pero considero que es necesario regular varios excesos, como las injurias y las calumnias", afirmó Garzón.

La asambleísta Paola Cabezas también rechazó la idea de una nueva ley, pero sostuvo que los medios de comunicación deben hacer una autocrítica. Cabezas sostiene que algunos medios y periodistas han utilizado sus espacios para expandir una "agenda de odio" que ha debilitado la democracia en Ecuador.

Por su parte, Ana Belén Cordero, exasambleísta por Creo también invitada al debate, recordó que el correísmo ya intentó impulsar una nueva Ley de Comunicación hace apenas tres años.

"Recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso, la bancada correísta intentó imponer una nueva ley mordaza que mencionaba a la Senain como un Ministerio encargado de regular a los medios", advirtió.

El plan económico de Luisa González y Diego Borja sigue siendo incierto. Los candidatos han mencionado en varias ocasiones que buscan la reducción de impuestos, el uso de reservas internacionales y la regularización de 20 000 médicos y maestros. A esto se suma la moratoria minera impuesta por el movimiento indígena Pachakutik y la Conaie a cambio de su apoyo electoral. Ante este escenario, surge la duda de cómo la dolarización podrá sostenerse con una mayor carga fiscal y menores ingresos.

Jorge Peñafiel señala que la dolarización debe fortalecerse en el siguiente gobierno, pues de eso depende la estabilidad del bolsillo ecuatoriano. Sin embargo, considera que el plan del correísmo apunta hacia una transición a la dolarización electrónica que, dice, es similar a la propuesta de Andrés Arauz en 2023 con los llamados ecuadólares, que promovían la digitalización de las transacciones económicas.

Paola Cabezas y Gissela Garzón sostuvieron que el correísmo ya gobernó 10 años bajo la dolarización sin alterarla “al contrario, la fortalecimos”. Más bien, argumenta que durante esos años se implementó un modelo ecuatoriano, en el que se han utilizado monedas con imágenes de personajes icónicos e históricos, sin que esto afecte la estabilidad del dólar en el país.

"En nuestras monedas tenemos a Dolores Cacuango o Eloy Alfaro y seguimos siendo un país dolarizado", dijeron.

Aun así, Peñafiel advierte que otros apartados del modelo económico propuesto por los candidatos de la Revolución Ciudadana podría poner en riesgo la dolarización. Por ejemplo, la reducción del IVA al 12% que, según señaló: “Ecuador dejaría de recibir USD 1 300 millones, el déficit aumentaría a USD 4 000 millones, se pondría en peligro la dolarización y, en ese caso, sí recurrirían a las reservas internacionales”, afirmó.

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Este es, quizás, el tema que más incertidumbre genera dentro de la militancia correísta y en la ciudadanía. En un mitin celebrado en enero, el asambleísta electo Ricardo Patiño, quien retornó al país en 2024, afirmó que el regreso de Rafael Correa y la liberación de Jorge Glas solo serían posibles bajo un gobierno de Luisa González y Diego Borja.

A pesar de los intentos del correísmo por minimizar estas declaraciones, el asambleísta Jorge Peñafiel advirtió que no se pueden ignorar. "Ese es su principal objetivo. Antes que resolver las urgencias del país, el correísmo buscará liberar a sus sentenciados por corrupción. Para ello, podrían recurrir a una Constituyente o a la revisión de los casos en la justicia ecuatoriana", señaló.

En respuesta, Gissela Garzón insistió en que la situación jurídica de Correa está en manos de cortes internacionales, no de la justicia ecuatoriana. Además, descartó un posible indulto, "porque él ha dicho que no es culpable".

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Hasta ahora, la candidata González ha evitado responder directamente sobre cómo se reconoce al régimen en Venezuela, argumentando que hay temas más urgentes en Ecuador. Sin embargo, Rafael Correa ha declarado abiertamente que un posible gobierno de su línea sí reconocería a Nicolás Maduro como legítimo presidente.

Frente a este escenario, María Belén Cordero señaló como fundamental que un candidato presidencial tenga una postura clara sobre el régimen de Nicolás Maduro. "Luisa González debería pronunciarse al respecto", afirmó.

Durante el panel, Gissela Garzón cerró el asunto explicando que la propia Constitución de 2008 impide al Ecuador injerir sobre asuntos externos.

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