Contraloría consulta a Procuraduría si puede entregar "información personal" a asambleístas

La Contraloría General del Estado (CGE) consultó a la Procuraduría General del Estado (PGE) si debe o no entregar a la Asamblea Nacional "información personal" de ciudadanos o personas jurídicas que estén siendo investigadas por el ente de control.

En un comunicado difundido este lunes 6 de septiembre, la CGE indica que en los últimos meses varios asambleístas han pedido información de "exservidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal".

Sin embargo, la CGE aclara que estos trámites están en "proceso de juzgamiento de cuentas", es decir aún los involucrados están defendiéndose en instancias administrativas y judiciales.

Según el organismo, por el "estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso" no se ha proporcionado la información a los parlamentarios.

El pronunciamiento de la Contraloría ocurre luego de que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, señalara que el titular de la CGE, Carlos Riofrío, está "encubriendo" presuntas acciones de corrupción.

Villavicencio ha sido uno de los parlamentarios que solicitó información a la CGE, especificamente de sus colegas. Él denuncia que entre 30 y 32 legisladores tienen predeterminaciones de la CGE.

"La Contraloría General del Estado no encubre a nadie ni ha declarado secreta ninguna información", contestó Riofrío.

La institución añadió que después de que tenga una respuesta de la PGE le responderá a Villavicencio "respecto a la información solicitada" el 27 de agosto pasado.

El 16 de ese mismo mes, Villavicencio denunció en la Fiscalía a los excontralores Pablo Celi y Carlos Pólit porque presume que ambos habrían liderado una estructura de corrupción en la CGE que habría operado "en los últimos 15 años".

El asambleísta no solo acusó a Celi y a Pólit, sino que pidió que se investigue a más de 30 funcionarios y excolaboradores de la CGE. Según el legislador, toda esta red habría sido la responsable de desaparecer informes con indicios de responsabilidad penal y desvanecer glosas, perjudicando al Estado con más de 1.000 millones de dólares.