Consejeros de Participación Ciudadana presentan acción de protección contra la Asamblea para anular su destitución

Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que fueron destituidos por una mayoría de la Asamblea Nacional acuden a la justicia para anular esa decisión. Se basan en que el Parlamento no cumplió los procedimientos del juicio político ni tuvieron derecho a la defensa.

Hernán Ulloa, presidente del organismo, presentó la mañana de este lunes una acción de protección con medida cautelar que recayó en la jueza Ampatiro Zumárraga de la Unidad Judicial del cantón Rumiñahui, en Pichincha.

La petición de acción de protección pedida por Ulloa también incluye a los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

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Ulloa sostiene que el juicio político que realizó la Asamblea era nulo porque no obedecieron sus propios plazos y dentro de aquellos no se les concedió a los consejeros la oportunidad de presentar sus descargos.

Una mayoría confirmada por el correísmo (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) sostiene que los consejeros incumplieron sus funciones al reformar el reglamento para la selección del nuevo Contralor General del Estado, pero ellos sostienen que no pueden ser sometidos a control político por hacer lo que sus cargos les faculta.

Pero más allá del argumento, los consejeros cuestionan el procedimiento. Ulloa resalta que el día en que se presentó ante el pleno de la Asamblea -el pasado 18 de noviembre- pidió a la Secretaría dar lectura al informe con el cuál se está enjuiciando políticamente a cuatro de siete consejeros.

Cinco minutos después de buscar tal documento, la Secretaría de la Asamblea Nacional confirmó que no existía ningún informe -ni de mayoría ni de minoría- de la Comisión de Fiscalización que recomendara un juicio político.

Sin la base de un informe que recogiera una investigación preliminar y donde constasen los descargos de los acusados, los consejeros "tienen todo para ganar un juicio" contra los asambleístas que votaron por su destitución (fueron 85), sostiene el legislador Ricardo Vanegas, de Pachakutik.

Vanegas advirtió antes de la instalación del pleno que cuando los tiempos precluyen en un proceso, "ya no hay cómo subsanar ese error procesal en la siguiente etapa".

Para él, aunque perseguía la destitución de todos los siete consejeros (y no solo de cuatro) esta "fue una resolución inadecuada", al referirse al llamado de juicio político "porque el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a procesos de fiscalización y estos procesos son los que se realizan antes de que se inicie un juicio”.

Vanegas explicó que en ese proceso previo es donde se recaban las pruebas y ahí con esos insumos se pide el inicio de un juicio.

“Los plazos no se cumplieron y no podía el pleno entrar a resolver sin una resolución que diga que se inicie el juicio, sin una resolución de archivo, sin las actas de votos individuales y sobre todo sin expediente”, dijo el asambleísta Vanegas al explicar por qué no votó.