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La Comisión que trata reforma sobre el financiamiento público de partidos políticos escuchó a expertos electorales
Esta mesa legislativa alista el informe para primer debate. La iniciativa de que el Estado deje de financiar a los partidos políticos proviene del presidente-candidato Daniel Noboa.
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Sesión de la Comisión Ocasional que trata la reforma sobre el financiamiento de partidos políticos. ( )
La Comisión Ocasional de la Asamblea que trata la reforma para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos recibió desde la mañana de este lunes 24 de febrero a expertos en materia electoral y otros funcionarios, de cara al informe para primer debate en el Pleno.
Estaba previsto que el ministro de Gobierno, José De La Gasca; el nuevo ministro de Finanzas, Luis Jaramillo; y el titular encargado de la UAFE, José Julio Neira, acudan a esta mesa legislativa, pero se ausentaron por motivos de agenda. Estos dos últimos enviaron delegados.
Entre los expertos electorales convocados estuvieron el abogado Daniel Jácome, presidente de SUMA Pichincha, y quien tuvo un impasse con el juez electoral Ángel Torres en el contexto de la eliminación de la candidatura de Jan Topic por parte del Pleno del TCE.
También acudió Alfredo Espinosa, exasesor de la consejera Elena Nájera y autor del libro 'Democracia en tensión. El sistema de partidos de Ecuador (1996-2013)'. Él experto explicó que si se aprueba la enmienda, se deberá trabajar con eficiencia respecto a las donaciones que se efectúen para las campañas.
La propuesta es iniciativa de Noboa
El presidente Daniel Noboa busca que los movimientos y partidos políticos dejen de recibir financiamiento del Estado con el argumento de usar ese dinero para salud y educación.
Para ello se prevé modificar dos artículos de la Constitución, el 110 y 115. El primero habla sobre el dinero que reciben las organizaciones políticas para sostenerse y el segundo acerca de su financiamiento para campañas en medios de comunicación.
La iniciativa ya tuvo el aval de la Corte Constitucional y debe pasar un primer y segundo debate en la Asamblea Nacional. De aprobarse en esta instancia, pasará a una nueva revisión de la Corte para finalmente someterlo a la votación popular.
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