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Colegio de Abogados de Imbabura pide investigar a la CONAIE y otras organizaciones por terrorismo
La solicitó a la Fiscalía es investigar a los líderes de las organizaciones indígenas de la provincia, por delitos que afectaron a la ciudadanía, como lesiones, daños y extorsión.
Las imágenes de agresiones a ciudadanos y bienes en Imbabura han sido frecuentes durante el paro nacional. Por eso, el Colegio de Abogados de Imbabura pidió a la Fiscalía abra una investigación por delitos cometidos contra la población y la fuerza pública. Los enumeran:
“... terrorismo, odio, paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, secuestro y tortura de militares, extorsión, lesiones, intimidación, daños a la naturaleza, entre otros”.
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Y pide se investigue a las organizaciones indígenas de Imbabura
“Fiscalía está obligado a iniciar estos hechos por iniciativa fiscal, de oficio, no existe la necesidad de un parte policial, no existe la necesidad de una denuncia escrita”.
Los abogados de Imbabura denuncian que los manifestantes han generado miedo y terror en los ciudadanos, mencionan el uso de armas blancas, lanzas, palos con clavos en los extremos y aseguran que eso configura el delito de terrorismo, que es sancionado con una pena de 19 a 22 años de prisión que con agravantes puede llegar hasta 30.
Las lesiones provocadas van de 30 a 60 días, pero dependiendo del tiempo de incapacidad de la persona puede ser de hasta siete años y el forzar a los negocios a cerrar también es sancionado.
“No podemos hablar de una protesta pacífica, lamentablemente lo que sucede aquí en Imbabura son hechos de violencia”.
Según el penalista Paúl Ocaña, las dificultades están precisamente en identificar a los responsables de esos delitos.
“Están puestos una capucha, están tapados el rostro, pero para ello, obvio, habría que determinar que debería haber una investigación, o inteligencia policial y militar”.
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El Colegio de Abogados de Imbabura pidió también que la Fiscalía investigue la participación y el grado de responsabilidad del Prefecto de Imbabura y los alcaldes de Cotacahi y Otavalo.
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