Caso Triple A: Juez llama a juicio a Aquiles Álvarez y otros por presunta distribución ilegal de combustible

El juez Renán Andrade llamó a juicio a las 16 personas y seis empresas procesadas en el caso Triple A, en el que está vinculado Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Así, la autoridad municipal enfrentará un juicio por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.

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Con respecto al pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía, el magistrado no la consideró idónea. En cambio, reiteró a Aquiles Álvarez que sí debe ponerse un grillete electrónico, como se dispuso inicialmente en la audiencia de formulación de cargos. Andrade enfatizó que debe cumplir con esta medida inmediatamente.

Álvarez no había acatado esa orden en abril pasado, alegando que el dispositivo de vigilancia electrónica perjudicaría a su salud, al padecer una enfermedad cardiaca.

Ramiro García, abogado del alcalde, calificó de vergonzosa la decisión del juez de convocar a juicio a todos los que fueron acusados por la Fiscalía.

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"El juez del Caso Triple A llama a juicio a todos los procesados bajo el argumento que, todo lo alegado por los equipos de defensa, debe debatirse en juicio. Entonces, ¿para que están los jueces de garantías, si no van a analizar los argumentos de las partes?", dijo en redes sociales.

La investigación del caso Triple A inició en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas, pues había discrepancias entre lo despachado por Ecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.

Para ello, se recopilaron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, la red habría generado un perjuicio económico aproximado de USD 61 502 658, correspondiente a 2 277 791,80 galones de combustible (diésel y gasolina).

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Álvarez fue vinculado a esta causa porque fue el representante legal de la comercializadora de combustible Copedesa, empresa que le pertenece a su familia.

En la audiencia de vinculación se detalló que, mientras cumplió ese rol, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

Como los hechos investigados ocurrieron antes de que sea alcalde de Guayaquil, Álvarez no gozó de fuero de Corte Provincial.