Caso Metástasis: Fiscalía pide prisión preventiva para Wilman Terán y 29 procesados más

Cerca de las 15:30, los 31 detenidos por el Caso Metástasis fueron trasladados desde la Unidad de Flagrancia hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Allí se realizó la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada.

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El caso fue sustentado por el juez nacional Felipe Córdova, de la Corte Nacional.

Entre los implicados se encuentra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el general el servicio pasivo, Pablo Ramírez; Ángel Lindao, juez que devolvió a Norero los bienes incautados al narco, entre otros.

Pasadas las 03:00 de este viernes 15 de diciembre, la fiscal Salazar pidió prisión preventiva para Terán y 29 procesados más. Además se solicitó que sus cuentas sean retenidas y tengan prohibición de enajenar bienes.

Para Ronald G., otro procesado, se pidió arresto domiciliario por ser adulto mayor.

El juez Felipe Córdova debe resolver si acoge o no el pedido de Fiscalía.

Pasadas las 16:00, el juez Felipe Córdova pidió verificar la presencia de las partes procesales, tanto de manera física como virtual. La fiscal Diana Salazar también llegó hasta la Corte Nacional, con resguardo policial.

Posterior a ello, el abogado de Terán tomó la palabra para pedir al juez la presencia de su defendido. El Presidente de la Judicatura se encuentra en una sala contigua.

El juez Felipe Córdova suspendió por 15 minutos la audiencia para que los defensores públicos tomen contacto con 10 detenidos que no tienen un abogado privado. En ese lapso, los abogados también podrán revisar informes y partes policiales.

La diligencia se retomó a las 17:26, cuando el Juez pidió a la Secretaría confirmar si los aprehendidos contaban con sistemas de audio y video para seguir la audiencia.

El abogado defensor de Alex Francisco Palacio, fue el primero en intervenir. Sostuvo que hubo vulneración de derechos, pues no conoció el motivo de su aprehensión, sino hasta después de dos horas.

A este criterio se sumaron otros abogados defensores, quienes fueron consultados por Córdova sobre la lectura de Derechos Constitucionales.

Luego de la participación de las 31 defensas, la fiscal Diana Salazar pidió al Juez desechar la solicitud para calificar como ilegal la detención. Sostuvo que fue legal al ser ordenada por un juez competente y realizada conforme a la normativa constitucional. Mostró, como evidencia, boletas entregadas que informaban sobre la detención y explicaban por qué fueron detenidos y procesados.

Cuando fue el turno de la defensa de Wilman Terán, él mismo tomó la palabra y le dijo al juez Felipe Córdova que dudaba de su independencia. Reiteró que no confía en él y lo recusó oralmente.

También le pidió que suspenda el trámite y remita la causa a la Corte Constitucional.

Posterior a la participación de las defensas, el juez Córdova dio 30 minutos de receso para decidir sobre la legalidad de las detenciones.

El receso que debía durar hasta las 20:00 se extendió hasta las 21:19. El juez Córdova reinstaló la diligencia y recordó que la Ley Orgánica Integral Penal (LOIP) dispone que el juzgador debe cerciorarse de que la persona detenida se informe sobre sus derechos. Por ello escuchó los alegatos y resolvió:

Rechaza que las aprehensiones sean ilegales. Estas, dijo, se hicieron según lo dispone la Ley y por los funcionarios facultados; es decir, los miembros de la Policía Nacional.

Los abogados defensores también sostuvieron que no se informó el motivo de detención a sus representados. Córdova aseguró que la Policía cumplió con informar los detenidos, mediante la lectura de la boleta. "Conocían en forma clara las razones de su detención", reafirmó.

Sobre el alegato de que la aprehensión únicamente fue fines de investigación, el Juez recordó que el motivo de la detención también se determina en la Ley y sirve para garantizar la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos.

Estos y otros alegatos fueron rechazados, uno a uno, por el magistrado. Lo que dio paso a la solicitud de la Fiscalía de convocar a una audiencia de formulación de cargos. Córdova dio paso y se instaló audiencia oral pública y contradictoria de formulación de cargos.

El magistrado dio un lapso de una hora a la Fiscalía para que presente sus argumentos.

Aunque en primera instancia se conoció que fueron 29 personas aprehendidas, la Fiscalía detalló que se trató de 31 presuntos implicados.

Luego explicó cómo Leandro Norero manejó una organización criminal. Dijo que estaba conformada por varios frentes, como el financiamiento y administración, que contó con el soporte de la cúpula criminal. Entre ellos están Paúl Angulo, alias "estimado", que se encargaba de sobornar a jueces de la Corte Nacional de Justicia y otras Cortes provinciales.

El "Estimado", además, tenía como tarea comprar votos en la Corte para la libertad del hermano de Norero, mediante un habeas corpus.

Asimismo, participó Alexander Novillo, alias "Novi". Él sería miembro de la estructura criminal, como brazo ejecutor. Habría entregado una cadena valorada en USD 8 000 a la Fiscal María José Aguirre, también procesada, para reprocesar el tipo penal de un caso que beneficiaría a Norero.

La fiscal Salazar habló además de la intervención de operadores que ejecuten los actos direccionados por la cabeza criminal. Este brazo ejecutor habría sido el sistema judicial.

Alex Francisco Palacios, subcordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia a la época de los hechos y actual funcionario de confianza de Wilman Terán, habría asesorado a alias el estimado para la compra de votos.

Salazar recordó que Terán no está involucrado en el caso por su cargo de presidente de la Judicatura, sino por su actuación en la época de los hechos. Y dijo que, ese entonces, él prefirió no tener chats, por lo que envió a Palacios como mensajero para informarle sobre los "pactos" en la administración de la justicia.

La estructura delictiva se detalló con la participación de cada uno de los presuntos implicados. Salazar habló sobre las acciones que se hicieron en el interior del sistema judicial para beneficiar a Norero y reveló que él, "como buen criminar", guardó registro de todos los pactos y acciones que se realizaban.

"Pedía a las cabezas de la estructura criminal que borraran los mensajes, pero él guardaba todo", sostuvo la Fiscal.

Tras problemas técnicos por la salida de abogados defensores de la sala virtual, el juez Córdova dio cinco minutos de receso, a las 23:13. La misma se retomó a las 23:40 y continuó con la sustentación de la causa por parte de Salazar.

En esta etapa, la Fiscal mostró las pruebas que respaldan la hipótesis expuesta. Entre ellas se presentaron mensajes extraídos del celular de narcotraficante asesinado, así como conversaciones de otros miembros de la estructura criminal. Estas ocurrieron durante el 2022 y detallan transferencias bancarias, reuniones y negocios realizados en ese periodo.

Hasta las 00:40 del 15 de diciembre, Diana Salazar continuaba con la sustentación del caso.

Este caso se deriva de una investigación posterior a la muerte del narcotraficante y financista de organizaciones como Los Lobos, Leandro Norero, en 2022, mientras estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. En esta investigación, se revelan indicios de una presunta estructura criminal que involucra a funcionarios públicos y bandas criminales.

La madrugada del 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía y la Policía Nacional desplegaron cerca de 900 funcionarios, en siete provincias del país, para efectuar allanamientos. Estos permitieron la detención de 29 presuntos implicados.

Según la Fiscalía, en el domicilio de Terán se hallaron USD 25 mil en billetes de 100 y de 20 dólares y se incautó documentos, computadores y celulares.

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En otros puntos se allanaron dependencias del CJ, direcciones provinciales, cortes provinciales, fiscalías, dependencias policiales, oficinas de abogados, fincas y departamentos en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y El Oro.

"El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado", dijo Salazar.

La funcionaria calificó el operativo como el más grande de la historia contra la corrupción y el narcotráfico, pues devela la estructura criminal conllevó un inmenso trabajo, pero también mayores riesgos para los funcionarios. Pidió al país estar vigilante del desarrollo del proceso hacia adelante.