Caso En Familia | La Fiscalía vincula a la expareja de Bella Jiménez en el caso por presunta concusión

Eduardo A., expareja de la exasambleísta Bella Jiménez, fue vinculado al caso por presunta concusión que investiga la Fiscalía General del Estado. En total, cinco personas son procesadas por este delito.

La audiencia para su vinculación se instaló cerca de las 09:00 del 30 de diciembre. El fiscal Wilson Toainga expuso las motivaciones para incorporarlo al proceso, que fueron aceptadas por el magistrado que lleva el caso.

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El Juez ordenó la presentación periódica, uso de grillete electrónico, y prohibición de salida del país para Eduardo A. Además, impuso medidas sobre sus bienes y cuentas para evitar la enajenación.

En este caso también están procesados el hijo de Bella Jiménez, su hermano y su cuñada, como cómplices.

Esta causa inició por los mismos hechos que llevaron a Bella Jiménez a su destitución de la Asamblea Nacional. Ella habría exigido USD 3 000 a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.

Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.

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La entonces legisladora tuvo ayuda de Elena O., su cuñada, quien habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en el despacho de Jiménez. Para esta finalidad habría exigido USD 6 000, a cambio de su contratación.

Una parte del dinero habría sido entregada al hermano de la asambleísta, Jimmy J. –a través de un cheque–, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se efectivice la contratación.

La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.

Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella J. en la Asamblea Nacional.

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También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso. A esto se sumaron informes periciales, certificaciones bancarias de las transacciones efectuadas, versiones, entre otros. La instrucción fiscal durará 90 días.