La Asamblea aprobó la Ley Económica Urgente de Solidaridad Nacional con 84 votos a favor

La Asamblea Nacional aprobó en la noche del sábado 7 de junio, con 84 votos a favor, la Ley Económica Urgente de Solidaridad Nacional. Esta es la primera del periodo legislativo 2025-2029.

La norma, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Bloque de Seguridad, busca fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y establecer un mecanismo de reconstrucción social y económica.

Inicialmente conocida como la ley urgente para combatir la economía criminal, el proyecto fue rebautizado y modificado tras recibir observaciones de sectores como el correísmo y Pachakutik, cuyos votos resultaron clave para su aprobación.

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Se eliminó, por ejemplo, el polémico artículo que permitía detenciones sin orden judicial durante un conflicto armado interno. En su lugar, se establecieron reglas más estrictas para el juzgamiento: los detenidos enfrentarán una sola audiencia, con prisión preventiva como medida principal, y no podrán acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplir con la reparación integral impuesta.

El proyecto sí mantiene la figura de allanamientos sin orden judicial, aunque con la condición de que los jueces legalicen el procedimiento dentro de 24 horas.

En esta edición: Pachakutik amenaza con expulsar a asambleístas que voten a favor de la Ley de Solidaridad Nacional

La ley establece penas más severas contra delitos vinculados con la economía criminal y autoriza la incautación de bienes en posesión de miembros de grupos armados organizados (GAO), con el objetivo de debilitar su capacidad operativa.

Entre los puntos económicos a destacar, se incluyen la rebaja de hasta el 30% en el impuesto a la renta para quienes donen materiales nuevos y en buen estado a la Policía o Fuerzas Armadas.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá verificar esa donación y entregar un crédito tributario, que la empresa usará cuando haga la declaración de ley correspondiente.

También beneficios para pequeños y medianos productores, jóvenes y adultos emprendedores, así como actores de la economía popular.

Entre otros aspectos, se plantea sancionar a quienes pertenezcan a grupos de delincuencia organizada, y reglas más estrictas para quienes generen disturbios y terrorismo en las calles.

Así como medidas de protección integral a víctimas de bandas delictivas, con acompañamiento económico, social y psicológico por parte del Estado.

Durante el debate, la asambleísta Valentina Centeno manifestó que los ecuatorianos claman mano dura contra el crimen organizado.

“Buscamos, no solamente por una respuesta contundente de las fuerzas del orden, sino también de los operadores de justicia, de los jueces y de los fiscales, quienes deben estar alineados en la lucha contra el narcoterrorismo que emprenden tanto el Ejecutivo como el Legislativo”, dijo.

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El movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió que expulsará a sus legisladores que voten a favor del proyecto de ley Solidaridad Nacional.

Lo advirtió un día antes, durante el XX Consejo Político Nacional de Pachacuktik, brazo político de la Conaie, cuando se apuntó que el proyecto de ley "no favorece ni permite salidas a la actual crisis económica y de seguridad que vive el país".

El legislador José Nango, de Pachakutik, fue tajante en rechazar la amenaza de los dirigentes: "Vayan a expulsar en sus casas", dijo antes de aseverar que como legisladores representan, dijo, "a las bases", por lo que mostró su público respaldo a la propuesta del Ejecutivo.

"Con la votación, hoy veremos de qué lado están: si del lado de la impunidad, que tanto quiere defender el crimen organizado, o del lado de la ciudadanía, esa que nos eligió y no nos va a perdonar si hoy le damos la espalda", dijo en su intervención durante el debate.