Más de 5.000 familias fueron estafadas por traficantes de tierra en 4 provincias

Más de 5.000 familias habrían sido estafadas por cooperativas de vivienda en cuatro provincias. La Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares denunció que el perjuicio llega a los 13 millones de dólares.

Hoy el titular de esta entidad, Julio César Quiñónez, denunció que en el país existen ocho nuevos sitios detectados.

Se trata de cooperativas de vivienda, legalmente registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero que en la práctica venden terrenos en zonas invadidas.

“Estas cooperativas han perjudicado alrededor de 5.474 familias en el territorio nacional”, señala Quiñónez.

De las ocho cooperativas acusadas de estafa y tráfico de tierras, dos se encuentran en Quito, dos en Durán, una en Guayaquil, una en Mejía y otras dos en Pallatanga y Salinas. 

Según Quiñonez, el perjuicio a las familias afectadas asciende a 13 millones de dólares.

“Nosotros ya le hemos pedido a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la disolución de todas estas cooperativas. ¿Qué propiedad tienen ellos para ofrecer? Ninguna”, indicó Quiñónez.

La mayoría de las viviendas del sector Luz Bolivariana en Durán aún están en construcción, no tienen energía eléctrica ni alcantarillado. Algunos de sus propietarios ya presentaron las denuncias en la Fiscalía y están a la espera de que les regularicen su situación.

Uno de los casos es el de Elena. Ella prefirió proteger su identidad, pues, dijo que ha sido amenazada. “Yo compré recién, tengo dos años, el terreno me costó cinco mil dólares”, comenta.

Angela Zambrano, encargada de las oficinas de la cooperativa, aseguró que aunque ya no venden lotes, todavía conserva los mapas del sector divididos en manzanas. “Aquí lo que trata el presidente es que todos se regularicen con la cooperativa y vengan acá a las reuniones, pero aquí que yo sepa vendiendo terreno nadie está”, dijo.

Las autoridades no adelantaron si estas familias serán desalojadas o las reubicarán en programas habitacionales del Gobierno.