Gremios de periodistas preocupados por reglamento de la Ley de Comunicación

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) se mostraron preocupados por el reglamento a la Ley de Comunicación expedido por el Gobierno.

 

Los gremios de periodistas consideran que este instrumento no resuelve las ambigüedades  y definiciones que constan en diversos conceptos de la ley.

 

Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, se mostró inquieto. Él dice que la definición que hace el reglamento de temas como censura previa por omisión es muy general y puede tornarse en subjetiva. 

 

La norma dice que " ...la omisión deliberada y recurrente de información de interés público se configura como censura previa cuando dicho ocultamiento se hace con el fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero...".

 

El director de diario El Telégrafo, Orlando Pérez, en cambio, dice que la definición que el instrumento hace de lo qué es información de interés público si clarifica lo que la ley establece en ese ámbito. 

 

El Presidente de la República define ahí como información de relevancia pública "...la que puede afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales...". 

 

Para la UNP otro tema preocupante es que el trabajo periodístico sobre posibles hechos delictivos sólo puede ser difundido "...siempre que tal información no se haya producido en la etapa de indagación previa realizada por la Fiscalía..."

 

Orlando Pérez señala en cambio que en el caso de El Telégrafo, el reglamento confirma el tratamiento que ya hacían para temas que pudieran considerarse de crónica roja. 

 

Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, coincide con las críticas de la UNP, pero añade que no hay precisión en cómo realizarán su trabajo los defensores de audiencias.  

 

Cornejo además recordó que  aunque se emitió ya el reglamento,  la Ley de Comunicación tiene aún dos demandas de inconstitucionalidad pendientes en  la Corte Constitucional, una de las cuáles aunque fue admitida  no ha sido resulta desde mediados del año pasado.