24 sep 2020 , 10:52

Plazo para ratificar Acuerdo de Escazú termina este 26 de septiembre

Se necesita que 11 países lo ratifiquen, faltan dos.

El Acuerdo de Escazú, que promueve la protección ambiental y del que Ecuador es parte, necesita de 11 ratificaciones para entrar en vigor. El plazo para hacerlo expira este sábado 26 de septiembre, y hasta la fecha solo lo han ratificado nueve países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Ecuador.

 

El objetivo del acuerdo es motivar la transparencia en el manejo de la información sobre temas ambientales, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, a los cuales Ecuador está comprometido con su implementación.

 

El pasado 21 de mayo, Ecuador depositó el documento en el que ratifica el Acuerdo de Escazú, dándole un empujón crucial al tratado regional y sin precedentes.

 

Así mismo, en julio, en el informe donde se analiza el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe y propone opciones y recomendaciones de política para paliar esta situación, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza”.

 

A la fecha, ya lo firmaron y está pendiente su ratificación: 13 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía). No lo han firmado aún: 11 países (Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela). En particular, Chile afirmó públicamente que no lo firmará.

 

Chile fue uno de sus principales impulsores del tratado, considerado el primer pacto medioambiental en Latinoamérica. Ahora, lo rechaza porque su ratificación generaría "incertidumbre jurídica" y le expondría a "controversias internacionales", dijo este martes 22 de septiembre, el gobierno chileno.

 

 

 

 

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