Ordenan prisión preventiva para dos personas por tráfico de drogas a gran escala

Ordenan prisión preventiva para dos personas por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas a gran escala en Ecuador, según informó este 29 de agosto la Fiscalía General del Estado.

Los ciudadanos, identificados como Nelson Q. y Amparo B., fueron aprehendidos en una carretera de Nueva Loja (provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia) por agentes de la Policía Nacional.

La Fiscalía General del Estado les formuló cargos por presuntamente transportar 167 kilos con 438 gramos de clorhidrato de cocaína, camuflados en el cajón metálico de una camioneta doble cabina.

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En la audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal Ángel Montesdeoca explicó que -según el parte policial- al momento del operativo, Nelson Q. intentó evadir el control de la Policía, abandonando el automotor y ocultándose entre la maleza junto a la carretera, pero los uniformados evitaron que escapara.

Para fundamentar su teoría, la Fiscalía presentó como elementos de convicción el informe de verificación y pesaje de las sustancias, el acta de prueba de identificación preliminar homologada de la sustancia y el acta de entrega de evidencias a la bodega de la Unidad Antinarcóticos.

Además, el formulario único de cadena de custodia de la droga, el informe de inspección ocular técnica, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y reconocimiento de objetos e indicios.

La Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva con información obtenida de la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinardap), con la que sustentó que los procesados no registran ninguna actividad económica en Nueva Loja, "por lo que su comparecencia a una eventual etapa de juicio no estaría garantiza".

De esta forma, un juez de garantías penales encontró fundamentada la solicitud de Montesdeoca, por lo que dispuso la prisión preventiva de Nelson Q. y Amparo B. El proceso de esta causa será ordinario, con una instrucción fiscal de 30 días.

Nelson Q. y Amparo B. fueron procesados según el artículo 220, numeral 1, literal d, del COIP, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (a gran escala) con una pena privativa de libertad de diez a trece años.