Una nueva normativa restringe el uso de drones cerca de instituciones públicas en Ecuador
Entre las zonas donde está prohibido el sobrevuelo figuran el Palacio de Carondelet, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y otras.
Una resolución emitida por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) restringe el uso de drones en áreas cercanas a instituciones públicas como la Asamblea Nacional, el Palacio de Carondelet y el Consejo de la Judicatura. Además, faculta a municipios, universidades y otras entidades a establecer zonas de exclusión aérea para estas aeronaves no tripuladas.
La normativa, que entró en vigencia desde diciembre de 2024, establece un marco regulatorio más estricto sobre el uso de drones en el país. En el documento se detallan seis situaciones en las que el uso está restringido y nueve en las que está completamente prohibido, incluso en espacios públicos.
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Entre las zonas donde está prohibido el sobrevuelo figuran, además del Palacio de Gobierno y el Parlamento, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), las Cortes de Justicia y otras instalaciones estratégicas. También se prohíbe operar drones durante emergencias públicas en curso, aunque la resolución no define claramente qué situaciones califican como tales.
Una de las disposiciones más polémicas es la que prohíbe volar drones cerca de personas o propiedades en casos donde se vulnere "de manera demostrable y manifiesta" la privacidad. Homero Bucheli, representante de la empresa especializada Topdroneec, advierte que esta ambigüedad puede derivar en conflictos legales: "Ese es el inconveniente, hay una ambigüedad y va a generar conflictos".
La normativa también exige autorización previa para operar drones sobre o cerca de concentraciones de personas al aire libre, como conciertos, festivales o eventos deportivos.
Además, otorga a instituciones públicas y privadas la capacidad de determinar distancias de seguridad y, en algunos casos, incluso permite que posibles afectados puedan derribar drones.
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Bucheli agrega que el uso de inhibidores de drones también debería estar claramente regulado, ya que estos dispositivos pueden afectar zonas de hasta dos kilómetros. "En nuestro país, el crimen organizado tiene inhibidores", advierte, por lo que recalca la necesidad de establecer controles precisos para evitar abusos o riesgos a la seguridad aérea.
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