La minería ilegal en Ecuador, una lacra de daños incalculables

La minería ilegal en Ecuador causa daños y perjuicios incalculables en el ambiente, la economía y en la propia industria minera ecuatoriana, un severo problema que el actual Gobierno de Lenín Moreno trata de resolver.

 

Los daños de esta actividad, que afecta a distintas provincias del país, no han sido calculados en su conjunto, pero el viceministro de Minería, Henry Troya, aseguró a EFE que son "abismales".

 

"Entre el daño ambiental y el material extraído sobrepasa los 200 millones de dólares cada tres-seis meses", señaló el viceministro al mencionar uno de los casos de esta actividad ilícita, el de "Buenos Aires".

 

A finales de 2017 se difundió la existencia de un yacimiento aurífero en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura (norte), y mineros de todos el país acudieron en masa, duplicando y hasta triplicando a una población local dedicada al sector agrícola y ganadero.

 

El caso de Imbabura es uno de los más elocuentes del último año, pero abundan otros similares por todo el país.

 

Hace unos años Ecuador tipificó esta actividad como un delito que soslaya los recursos del Estado y desde entonces ha tomado medidas para prevenirla, con operaciones periódicas de los organismos de seguridad.

 

"Son mafias articuladas, (relacionadas al) narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, armas ilegales, evasión fiscal por frontera", explicó Troya sobre las personas que se dedican, o alientan, la extracción ilegal y descontrolada.

 

Y es que la minería ilegal, muy distinta a la conocida como "artesanal", que realizan los mineros tradicionales, ha ido en aumento en los últimos años.

 

Frente a esta práctica ilegítima, el Gobierno ecuatoriano creó un Consejo Especializado encabezado por el Ministerio ecuatoriano del Interior, y en el que también hay representantes de las carteras de Defensa, Minería y Medio Ambiente, así como de la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Minero, y de la Policía.

 

"Este ilícito nos perjudica a todos porque no participa en el pago de impuestos y los trabajadores no están afiliados. Debe ser sancionada y erradicada", declaró a Efe el presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez.

 

A su juicio, Ecuador debe propiciar un sector minero responsable que otorgue al país un encadenamiento productivo, porque la minería ilegal se desborda y perjudica al Estado.

 

Ecuador trata de fomentar la minería como motor de desarrollo nacional y espera que su contribución al PIB salte de apenas el 1,3 por ciento en 2017 a más del 4 por ciento en 2021.

 

Ello se ha traducido en un mayor ofrecimiento de proyectos a grandes consorcios inversores, pero también en un proceso de regularización -a partir de junio- de la llamada artesanal, o pequeña minería.

 

Esta se remonta a tiempos memoriales y está contemplada por ley, permitiendo "la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza", según la Ley de Minería.

 

La extracción no controlada de recursos naturales, o "minería ilegal", se disparó a partir de 2008 por una subida del precio del oro y la dificultad de obtener permisos para realizar la actividad.

 

Rodrigo Izurieta, presidente de la empresa Ecometals en Ecuador, explicó que ocurre sobre todo alrededor de los yacimientos de oro, y atrae la actividad de bandas organizadas.

 

"La minería ilegal supera al sector florícola en Ecuador", destacó y comparó su alcance con uno de los sectores más desarrollados del país que generó entre enero y mayo 406 millones de dólares.

 

"Hay que romper el proceso o, si no, jamás desaparecerá esta actividad ilícita", indica por su parte Braulio Gutiérrez, de Acción Ecológica.

 

Para esta ONG defensora de la naturaleza, no existe diferencia entre minería legal o ilegal porque ambas causan daños devastadores, pero advierte de que esta última arrastra además todo tipo de consecuencias sociales.

 

Denuncia que donde se instala la ilícita se fomenta una "situación de terror" porque genera casos de violencia, sobre todo en las zonas fronterizas.

 

"Las mafias están metidas ahí y se articulan con el narcotráfico", explicó.

 

A los daños económicos y sociales, se agregan altos niveles de contaminación de suelos y de recursos hídricos por el uso del mercurio, la tala de árboles y la remoción de suelos, fenómenos que afectan a las comunidades cercanas, muchas de ellas indígenas, que se oponen tajantemente a cualquier forma de extractivismo.