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Foto referencial de una institución pública. Foto: Archivo.
Esta norma propone la tipificación de nuevos delitos, y endurece las penas de otros.
El interés por la norma fue visible entre los legisladores, uno de los temas que destacaron fue el que los actos de corrupción dentro de una declaratoria de emergencia se sancionará con el máximo de la pena, el peculado por ejemplo, sería directamente 13 años de prisión.
La creación del delito de sobreprecio en la contratación pública con pena de hasta 7 años tuvo apoyo.
Se tipifican los actos de corrupción en el sector privado y se proponen sanciones más duras.
La norma incluye que en casos de corrupción no se podría cambiar la prisión preventiva por medidas cautelares.
La propuesta regresa a la comisión de justicia para incluir las observaciones en el informe para segundo y definitivo debate. Ahí se han propuesto cumplir con la aprobación hasta mediados de diciembre para no afectar un desembolso de 2.000 milones de dólares para el país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo pidió que la norma sea aprobada antes de finales de año.
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